El patrimonio del jefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega Vicente, estaría siendo investigado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de la capital que dirige las pesquisas sobre los presuntos delitos de malversación de caudales públicos; falsedad en documento público; fraude en la contratación y presuntas irregularidades en la adjudicación de obras relacionadas con el servicio que dirigió hasta 2019.
La policía judicial de la Comisaría de Zamora estaría tratando de averiguar si el patrimonio de que dispone el funcionario municipal se corresponde con los ingresos que ha tenido durante los 24 años como empleado público de la institución local, así como el origen del mismo. Hay que recordar que durante el registro llevado a cabo el miércoles en el domicilio de Vega Vicente, en la urbanización siglo XXI, los grupos de la UDEV de la Comisaría de Zamora y de la UDEF de Madrid actuaron con perros especialmente adiestrados para encontrar dinero oculto, lo que podría ser indicativo de que se estuviera rastreando la posible existencia de cantidades que pudieran estar escondidas para determinar su procedencia.
Asimismo, los bomberos de la capital acudieron a la residencia del funcionario para revisar las dependencias, en busca de dobles fondos en paredes u otros elementos de la construcción, una práctica habitual cuando se lleva a cabo el peinado de domicilios cuando se indaga sobre el posible incremento ilícito del patrimonio del investigado. Al parecer, el funcionario dispone de varias propiedades que formarían parte de esas pesquisas policiales. A esta nueva pieza o causa judicial se podría referir el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, cuando ayer indicaba en un comunicado que “tenemos conocimiento de que la Policía Nacional, a partir de estas denuncias en el Juzgado, inició investigaciones paralelas y complementarias que desconocemos, pero que han acabado con los hechos publicados” en este diario. La policía judicial ya investiga el posible uso de tarjetas municipales por parte de Vega Vicente durante largo tiempo para adquirir combustible que destinaba a su consumo personal y que supondrían cantidades de dinero significativas, el núcleo central del posible delito de malversación de caudales públicos de que le acusó la viceinterventora del Ayuntamiento de Zamora.
Segundo día detenido
Alberto Vega Vicente continúa detenido en la Comisaría de Zamora, donde ha pasado su segunda noche a la espera de que la juez le llame a declarar, para lo que cuenta todavía hasta el sábado por la tarde, si bien podría decidir interrogarle antes de cumplir ese plazo.
Por su parte, el abogado del funcionario ha rehusado realizar declaraciones, a la espera de que tenga lugar el encuentro con el juez y conocer a fondo las acusaciones que la juez puede argumentar contra el jefe del servicio municipal ante las nuevas pruebas recabadas ayer.
La posibilidad de suspender de empleo y sueldo al funcionario
De la decisión que tome la juez que investiga la actividad del jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, dependerá que el Ayuntamiento de Zamora se planteé la apertura de un expediente de suspensión de empleo y sueldo. La posibilidad estaría barajándose en función de la gravedad de las acusaciones que se deriven de la documentación que se hayan incautado los grupos de la UDEV de Zamora y de la UDEF de Madrid de la Policía Nacional en la operación conjunta emprendida desde la Comisaría de Zamora, según fuentes consultadas por este diario. Una vez se conozcan los cargos que la juez pueda imputar al investigado y tras un análisis del servicio jurídico del Ayuntamiento, se tomaría esta decisión, que ya se ha puesto en marcha con otros funcionarios que se vieron inmersos en procedimientos judiciales, por lo que existen precedentes, abundan las mismas fuentes. Dependerá de la magnitud de los hechos que investigue el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Zamora a la luz de la documentación que se haya podido incautar en el registro del domicilio de Vega, de que tengan entidad para poder armar jurídicamente la decisión sobre la suspensión de empleo y sueldo, que por el momento no se ha planteado. El alcalde recordaba ayer que “el empleo público está para servir a los ciudadanos que pagan su nómina y no para cometer actos contra el interés general y contra la hacienda pública”, sin dejar de puntualizar que se investiga al jefe de Parques y Jardines por “presuntas” ilegalidades.
El Contencioso justifica que Vega no puede manejar fondos públicos al estar expedientado
La limitación de las atribuciones decretada por el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, respecto del jefe de Parques y Jardines de la capital, Alberto Vega Vicente, en lo que al manejo del dinero público se refiere no supone ninguna lesión del derecho al trabajo, de acuerdo con la sentencia del Juzgado Contencioso de Zamora, ante el que el empleado público recurrió. La magistrada recuerda que el decreto de Alcaldía se inscribe en la apertura de un expediente disciplinario que contempla esa medida. Incluso, apunta que la decisión del regidor municipal “no vacía de contenido el trabajo del recurrente, quien sigue manteniendo funciones pero no aquellas derivadas de la gestión de fondos públicos, al estar expedientado por posibles irregularidades en la contratación, proyectos técnicos, supervisión de obras, redacción de pliegos y contratación en general, pero sobre todo la referida a procesos que ya están en curso. La juez concluye que la decisión tomada el 8 de octubre de 2020 por el alcalde al nombrar un jefe de área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Salud Pública y Patrimonio, “no es contradictoria ni amplía la suspensión de funciones de Vega acordada por el decreto de Alcaldía” que le apartó de algunas, aunque este “puede estar o no de acuerdo” con los argumentos del Ayuntamiento: la organización del trabajo y evitar disfunciones en el servicio. La magistrada se remite, para sujetar su fallo en el que condena a costas al funcionario, a la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Valladolid para indicar que el Ayuntamiento tiene potestad para adoptar tal medida. Y slude al Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado, en base al cual “no se ha producido la lesión del derecho al trabajo” abducida por Vega. Tampoco admite que se conculcara el principio de audiencia, ya que la normativa que se aplica en estos casos no recoge expresamente la necesidad de adoptar estas medidas con la obligación de escuchar al trabajador. Tampoco existe infracción del principio de proporcionalidad, ya que el decreto y su concreción no vacían de contenido el trabajo del recurrente.
