“Vine a limpiar todo lo que sean irregularidades en el ámbito municipal, a no pasar ni una, y lo vamos a hacer”. Contundente y claro, el alcalde de IU en Zamora, Francisco Guarido, lanzaba un aviso a navegantes en lo que respecta a la gestión de los servicios del Ayuntamiento capitalino al valorar la detención del jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, ocurrida el miércoles dentro de la investigación judicial contra el funcionario. Guarido se mostró implacable con posibles casos de corrupción que se detecten en la institución local, sobre los que ha advertido que responderá “actuando y dando carpetazo a malas prácticas e irregularidades como las detectadas en este funcionario”, en referencia al jefe de Parques y Jardines, acusado de malversación de caudales públicos y otros tres delitos por posibles ilegalidades en su actuación al frente al servicio municipal.
El alcalde, visiblemente satisfecho por los resultados de la investigación judicial, destacaba la toma de decisiones de su grupo: “este equipo de Gobierno ha actuado” en el caso de las posibles ilegalidades cometidas por Vega Vicente, para señalar de inmediato que “no va a permitir estas actuaciones de personas cuyos sueldos pagan todos los ciudadanos”.
Todo ello, sin dejar de observar que “este funcionario llevaba en ese puesto durante todo el periodo de Rosa Valdeón y parte del mandato de Antonio Vázquez”, ambos alcaldes del PP. Guarido ha insistido en que “esta Alcaldía ha obrado cumpliendo con su deber de buena administración e intentando que la administración de Parques y Jardines sea la adecuada y a favor de los ciudadanos”. El Ayuntamiento de la capital “ha cumplido con su obligación desde el primer día”, tras recibir una denuncia sobre la gestión de Vega Vicente, concluyó.
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Las distintas acciones administrativas y judiciales tienen la siguiente cronología:
Expediente informativo. El Ayuntamiento recibe una denuncia sobre presuntas irregularidades en la gestión del jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega Vicente, relativas al funcionamiento del servicio. A la vista de la trascendencia de los hechos expuestos, el equipo de Gobierno de IU decide abrir un expediente informativo al funcionario el 14 de octubre de 2019, encargado a otro funcionario para que estudie las actuaciones que se cuestionan.
Expediente disciplinario. Veintiún días después, el 6 de noviembre de 2019, el funcionario que instruía el expediente, tras indagar en el entorno del servicio de Parques y Jardines, sospecha que el jefe del área ha podido cometer delitos, por lo que se decide abrir un expediente disciplinario al funcionario en otoño de 2019. El instructor concluyó que Alberto Vega Vicente podría haber incurrido en una posible falsedad documental y haber causado perjuicio a las arcas municipales por un exceso de consumo de gasolina, que aparecía sin justificar.
Denuncia a la Fiscalía. El Ayuntamiento de Zamora remite a la Fiscalía Provincial el informe resultante de la investigación del expediente disciplinario. El Ministerio Fiscal, tras las indagaciones de la policía judicial de la Comisaría de Zamora, remite las diligencias que abrió para indagar sobre posibles irregularidades en la gestión el funcionario al Juzgado número 5 de la capital.
Intervención del Juzgado. La juez toma las riendas de la investigación para determinar si existen pruebas de que el funcionario municipal pudiera haber cometido durante los 24 años que estuvo al frente de Parques y Jardines los cuatro delitos que detalla la Fiscalía. La Fiscalía investigó si Vega incurrió en el delito de malversación de caudales públicos; falsedad en documento público; fraude en la contratación y presuntas irregularidades en la adjudicación de obras relacionadas con parques y jardines.
Denuncia a la viceinterventora. La viceinterventora detecta un posible uso fraudulento de las tarjetas municipales que Vega utilizaba para adquirir el combustible necesario para las actividades del servicio, al constatar un gasto excesivo e injustificado que podría indicar que el funcionario desviaba gasóleo para su uso particular. Esta causa estaba ya en manos de la juez del número 5 cuando la Fiscalía observó que podría ser “conexa” con los posibles delitos que acababa de detectar y remite todo al Juzgado en noviembre de 2020.
Decreto de Alcaldía para limitar las funciones. El alcalde emite un decreto el 7 de noviembre de 2019, tras incorporarse Vega de un baja, para restringir las competencias del funcionario en cuanto a gestión de presupuestos. Se limitaron a proyectos y planos encargados por el equipo de Gobierno.
Recurso ante el Contencioso. El recurso de Vega contra esa limitación de funciones termina en recurso ante el Juzgado Contencioso y con una sentencia firme que respalda la decisión de Alcaldía, por estar inmerso en una investigación por malversación de caudales públicos, ahora ya firme.
