El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León deberá analizar el caso de las presuntas agresiones sexuales a una niña de 9 años por parte de un guardia civil del cuartel de Puebla de Sanabria en julio de 2019, tras el recurso contra la absolución del agente dictada por la Audiencia Provincial presentado por la familia de la menor, al que se adhiere la Fiscalía Provincial y que aporta sus propias alegaciones. El Ministerio Público, que mantiene para el procesado la petición de 48 años de prisión y 20 de inhabilitación para ser funcionario público, pide la nulidad del juicio por vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

La familia de la niña, por su parte, considera que la Audiencia, que absolvió por falta de “pruebas objetivas” al guardia civil, de iniciales R.A.M., no valoró adecuadamente el informe de los médicos forenses que exploraron a la menor, ni tampoco el elaborado por la psicóloga y la trabajadora social del equipo técnico del Instituto de Medicina Legal que se entrevistaron con la presunta víctima. Unos y otras afirmaron con contundencia que la menor “ni fabuló” sobre los hechos denunciados ni mintió. En el juicio celebrado en diciembre pasado, los forenses declararon con firmeza que durante la exploración que llevaron a cabo la menor describía vivencias propias no inventadas, en respuesta a preguntas de la Fiscalía y de la defensa de R.A.M., que llegó a calificar como mentirosa a la niña.

La psicóloga y trabajadora social se pronunciaron en el mismo sentido durante el exhaustivo interrogatorio al que les sometió el abogado de la defensa, en el que las dos expertas se mantuvieron firmes al dar credibilidad absoluta al relato de la menor. Coincidieron con los forenses en que la niña mantuvo el núcleo de los hechos, las presuntas agresiones, en el tiempo con variaciones que solo afectan a lo periférico del relato y que se explica porque la víctima tiende a olvidar por lo doloroso de la experiencia.

La Fiscalía se adhiere a los argumentos del abogado de la familia, pero añade otras consideraciones relativas a la que considera única prueba objetiva e incriminatoria directa que hay respecto de los hechos, los informes de forenses y del equipo técnico que valoraron la credibilidad de la menor durante el interrogatorio al que le sometieron. La familia se muestra especialmente dolida con la sentencia absolutoria y estima que no se ha tenido en cuenta adecuadamente “la valoración psicológica que se le hizo” a la menor por parte de esos especialistas, informes que esperaban que “serían favorables en el juicio” y que descartan que la presunta víctima mintiera, en palabras del abuelo. Este reiteró que los servicios psicológicos del Emume de la Guardia Civil confirmaron a los abuelos, que tienen la custodia de la menor, que “la niña no mentía” y les animaron a denunciar los hechos, “como así hicimos”. El abuelo de la menor denuncia el trato que se dio a la niña en el juicio, “propio de una mujer adulta”.