La Audiencia Provincial de Zamora celebró ayer el juicio contra J.R.M., acusado de quedarse con 85.500 euros (o hasta 103.000 según la acusación particular) en 30 reintegros entre los años 2014 y 2017 de la libreta de ahorros de sus ancianas tías en las que estaba habilitado para operar. Fue después de recibir la herencia cuando unos primos de J.R.M. se percatan de la falta del dinero y según declaró la hija de la principal denunciante, piden explicaciones, pero no les dan ni una justificación ni justificantes de en qué se ha ido el dinero, sobre todo teniendo en cuenta que ambas, que fallecieron con poco más de un año de diferencia, vivían en una residencia de mayores, que incluía todos los gastos.

El acusado argumentó que las cantidades detraídas de las cuentas se han utilizado en obras de las propiedades de las tías, pago de la comunidad de uno de sus pisos, ropa y calzado y otras necesidades, como muletas o sillas de ruedas. Parte del dinero no gastado lo conservó en su casa hasta que se repartiera la herencia.

Sin embargo la hija de la denunciante (la madre intentó declarar pero tenía problemas de memoria) señaló que en ningún momento le dieron ninguna explicación y se enteró de que faltaba el dinero cuando logró llegar a los extractos bancarios, una vez repartida la herencia. Asegura que los gastos a los que se refiere el acusado, como el arreglo de una bodega, figuran como tal en los extractos de la cuenta, pero hay muchos más reintegros sin justificar.

El acusado argumenta que como era el sobrino que estaba en Zamora se ocupaba de sufragar esos gastos con el dinero de la cuenta y siempre de buena fe, sin que se imaginara nunca que tendría que presentar justificantes. No obstante, al abogado afirma haber depositado 28.516 euros, un tercio del total “la parte de la que se habría apropiado mi cliente” y una relación detallada de los gastos que se afrontaron con el dinero.

Fiscal y acusación particular piden cuatro años y medio de cárcel para J.R.M., el pago de 3.600 euros de multa y el reintegro de los 85.500 euros a la masa hereditaria, mientras la defensa pide la libre absolución de su patrocinado, por entender que es una mera disputa por la herencia y no existe apropiación indebida alguna.

Las acusaciones se esforzaron en demostrar que las tías, Ángela y Victoria, sufrían deterioro cognitivo y la defensa todo lo contrario, que tenían en condiciones sus facultades mentales.