Las energías renovables cobran protagonismo en un mundo que consume recursos energéticos finitos y que pone en peligro la sostenibilidad del planeta. Al amparo del proceso de “descarbonización” y las nuevas leyes que limitan las emisiones de las energías tradicionales urge el interés de las grandes compañías para el desarrollo de alternativas más ecológicas y con menos limitaciones. Si la eólica y la hidroeléctrica formaban ya una parte decisiva de la generación de energía en España, llega el auge de las plantas fotovoltaicas. Una auténtica “fiebre” que puede suponer una auténtica revolución en Zamora. La provincia fue, en su día, potencia generadora a través de las presas construidas en sus ríos, pero con un coste social y un impacto que nunca ha sido suficientemente compensado para los municipios que vieron anegadas sus vegas. La eólica varió algo la balanza en cuanto a los ingresos en las arcas de los ayuntamientos afectados. Pero la explotación de las fotovoltaicas puede constituir un auténtico revulsivo su se cumplen los rigurosos requisitos para minimizar los impactos en el entorno y hacerlas compatibles con otras actividades en el mundo rural.

Aluvión de expedientes

Los datos facilitados por la Delegación de la Junta de Castilla y León pueden dar una idea del interés suscitado entre los inversores por provincias como Zamora. Un territorio de más de 10.500 kilómetros cuadrados con zonas donde la densidad por habitante es de menos de 11 habitantes por kilómetro cuadrado, una de las más bajas de Europa. El abandono del campo y la emigración han dejado como herencia tierras abandonadas, suelo rústico de escaso aprovechamiento y, por tanto, barato, susceptible de albergar huertos solares. Zamora es una de las provincias que anualmente registra más horas de sol, casi 3.000. Y como el viento, el sol es una fuente energética gratuita y con un final a muy largo plazo. Esa conjunción de elementos desencadena una lluvia de peticiones en la Administración regional, la competente para autorizar las plantas que producen hasta 50 megawatios, siendo las superiores a esa potencia responsabilidad directa del Ministerio de Transición Ecológica.

Actualmente la potencia instalada de las fotovoltaicas en Zamora alcanza los 85 megawatios, una décima parte de la instalada en el conjunto de la región, con arreglo a los datos que maneja Red Eléctrica Española. Muy pronto esa potencia se multiplicará ya que, al menos una decena de proyectos están próximos a completar la compleja tramitación burocrática que incluye procedimientos urbanístico, energético, industrial y de medio ambiente. El plazo aproximado para la primera parte de la tramitación es de un año, pero la demora llega a la hora de la revisión por parte del Servicio de Medio Ambiente. Fuentes de la Junta en Zamora admiten estar absolutamente desbordados por falta de recursos humanos para hacer frente al aluvión de peticiones. La delegada territorial, Clara San Damián, hace hincapié en la “seriedad” de los proyectos en marcha, todos ellos promovidos por grandes sociedades, que son las que pueden hacer frente a los abultados avales económicos exigidos en los proyectos. Las inversiones no son nada desdeñables porque todas ellas alcanzan la producción de 50 megawatios y existen, incluso, proyectos que superan esa capacidad de generación. De los proyectos que ya se encuentran en la recta de salida se cuenta una planta de 250 hectáreas repartidas entre los términos municipales de Zamora, Roales y Valcabado, con una producción de 50 megawatios y una inversión de 30 millones de euros. Una segunda, en el término de Ricobayo, junto al primer salto del Duero, atraerá otros 84 millones de euros.

Menos emisiones

Todas ellas forman parte del paquete con el que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) pretende reducir las emisiones de CO2 en un 23% de aquí a 2030, siguiendo las directrices de la Unión Europea. Jorge Fabra Utray, presidente de Economistas Frente a la Crisis y que fuera presidente de Red Eléctrica entre 1988 y 1997, señala que hacia 2050 el 70% del consumo energético global “será a través de renovables”. Y es que a la energía limpia se suma otro atractivo: el precio de la producción, mucho más barato que el de centrales tradicionales, lo que repercute directamente en el bolsillo de los consumidores.

La “pista definitiva” sobre la relevancia imparable de las renovables la encontramos en las condiciones impuestas en los fondos europeos de Next Generation para la recuperación económica tras la crisis de la pandemia del COVID. “Un 30% de los fondos va dirigido a la transformación energética”, explica José María González Moya, secretario general de la Asociación de Empresas Renovables APPA, quien apela a “inversiones inteligentes”, que sean sostenibles desde el punto de vista medioambiental y que “generen efecto arrastre” en las economías locales. Porque la rentabilidad de las instalaciones puede repercutir a todo un colectivo y no solo al propietario de la parcela.

“Noviazgo” rural

La fórmula habitual que emplean los futuros explotadores de energía solar para hacerse con terrenos es el arriendo por periodos que van desde los 25 a los 30 años. Las cantidades que pueden percibirse, anualmente, como renta, oscilan entre los 1.500 a 1.600 euros por hectárea. La ley permite, llegado el caso, proceder a la expropiación de suelo, pero esa circunstancia no se ha dado hasta ahora en Zamora. Para mayor seguridad, las asociaciones empresariales recomiendan, en todo caso, la negociación directa entre los propietarios de fincas y la sociedad inversora, sin intermediarios que puedan “distorsionar” las operaciones. Las únicas expropiaciones, de producirse, indican desde la Junta, hacen referencia a servidumbres para las líneas de enganche. Los suelos más buscados son los que están más próximos a la red general de electricidad o a subestaciones. En ocasiones son las propias inversoras las que se hacen cargo de las infraestructuras necesarias con la puesta en marcha de nuevas subestaciones que repercuten, además, en mejoras del servicio eléctrico.

La llave del futuro

Los huertos solares, despojados ya de las primas que dieron lugar a escándalos políticos en la primera década del presente siglo, conllevan, además, el pago de impuestos como el de construcciones, IBI o IAE que acaban en las arcas de los municipios que los acogen. Sin embargo, hay ayuntamientos como los de Terroso en Sanabria, que han presentado alegaciones contra su instalación. Suspicacias que, en opinión de José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), carecen de fundamento: “Nuestra asociación agrupa a 507 empresas y mantenemos una excelente relación con organizaciones agrarias como COAG y Asaja, a nivel nacional, y también con movimientos ecologistas”. Donoso se refiere a los huertos solares como “un último tren” hacia el desarrollo de las zonas más deprimidas. Y explica: “Nunca se ocupan terrenos de cultivos, sino aquellos que no tienen productividad o están abandonados. Aunque sumáramos todas las instalaciones proyectadas en el país, estaríamos hablando de un 0,3% de la superficie del entorno rural”, descartando la “invasión” de parques solares que alteren sustancialmente el paisaje ni, mucho menos, las formas tradicionales de vida o la producción agroalimentaria. Toda zona susceptible de contener un valor medioambiental o protegida por su biodiversidad queda fuera de los planes de las renovables. Recalca, además, que muchos de los proyectos presentados a las administraciones suelen quedarse por el camino por falta de financiación o de rentabilidad.

A sus asociados se les recomienda una serie de actuaciones destinadas a proteger estos dos aspectos con la utilización de un vallado vegetal con especies endógenas, pasos para la fauna e incluso autorización para que el ganado de la zona paste en un suelo que, en definitiva, sigue siendo parte del pueblo. “Optamos siempre por el alquiler porque pretendemos que aquellos que han tenido, durante generaciones, esas tierras, sigan sintiendo que son propietarios, de forma que la relación establecida con el terreno se extienda, de una forma natural, a la planta. Y porque, en definitiva, pasado el tiempo de concesión, los terrenos revierten a sus dueños y las instalaciones se desmontan. Con nuestras recomendaciones nos marcamos como objetivo que al final existan más especies vegetales y más fauna de la que había en un principio. Actuar con criterios que perjudiquen el medio ambiente o la actividad agroalimentaria sería un fracaso que repercutiría negativamente en todo el sector”. La UNEF trabaja en la creación de un sello de calidad que distinga las buenas prácticas de las firmas que van más allá, incluso, de los requisitos que marcan las normativas.

Acelerar Internet

Para el empresario, la situación crítica que atraviesan provincias como las de Zamora, que conoce bien, apenas cuenta con alternativas que puedan reportar beneficios de esta índole y que sean capaces de fijar población. Los huertos solares de las dimensiones que se barajan en los despachos facilitan trabajo durante el tiempo del montaje de los paneles, pero pueden seguir generando empleo después con labores de mantenimiento y vigilancia que requieren “perfiles de formación media-alta”, según remarca el economista Jorge Fabra. A ese aliciente, Donoso suma el mayor nivel de renta y, por tanto, de estímulo al consumo que se produce en los lugares donde se ubican las plantas y un detalle de máxima importancia: la llegada de las inversiones y la alta tecnología a emplear son el mejor “cebo” para acelerar la implantación de servicios imprescindibles cuya demanda se arrastra durante décadas por parte de la Zamora rural, como Internet. Las compañías dejarían de tener la excusa de la baja demanda si entre sus clientes potenciales se encuentran grandes firmas inversoras y se podría acelerar aún más el impulso de las administraciones que prevén para 2025 la cobertura de toda la provincia.

Para Donoso la conclusión es clara: “Tenemos sol y territorio, eso puede traducirse en obtener energía más barata hasta equipararnos o superar a países a los que hoy compramos electricidad como Francia y a otros de nuestro entorno como Italia y Portugal”. De cumplirse los planes del Gobierno en materia de renovables, la inversión en fotovoltaicas hasta cumplir el Plan Nacional puede alcanzar los 25.000 millones de euros y superarlos si el PNIE se desarrolla al máximo.

Discriminación positiva

Y en este punto se abre, quizá, la posibilidad de acabar con otra quimera: unas tarifas eléctricas vinculadas a la generación de forma que las zonas productoras obtengan bonificaciones para las empresas que se instalen en su territorio. La discriminación positiva que nunca se consiguió con las hidroeléctricas. Este capítulo requiere, es cierto, otra batalla en la que intervendrían administraciones y agentes sociales, pero Donoso asegura que existen ya grandes factorías con un consumo intensivo de electricidad, atentos a lo que ocurre alrededor de la instalación de las fotovoltaicas. La “revolución industrial” que siempre quedó pendiente en Zamora bien podría venir de la mano de la energía verde si se cumplen tantas expectativas. De momento, la única certeza es el aluvión de peticiones que corre el riesgo de ralentizar más de la cuenta los proyectos y espantar a las inversiones si no se agiliza la tramitación burocrática. Otras comunidades autónomas, como la vecina Extremadura, ha impuesto velocidad de crucero a una cuestión que Jorge Fabra entiende como “extremadamente seria” y que debería involucrar como primeros actores desde la Comunidad autónoma a los ayuntamientos, siempre con el “equilibrio” entre las actividades tradicionales y las innovaciones como objetivo para sumar oportunidades y crear riqueza que asegure un futuro en los territorios deprimidos como Zamora.