La Junta de Castilla y León apoyará con 700.000 euros el inicio del proyecto para la reapertura del campamento militar de Monte la Reina, después de que Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos se hayan puesto de acuerdo en las Cortes para habilitar una partida dentro del Presupuesto General de la Comunidad para este año 2021. Esta dotación supone doblar la cantidad económica presupuestada por el Gobierno de España para la misma iniciativa, de manera que el Ejecutivo regional se coloca en disposición de exigir a Madrid una apuesta decidida para la recuperación de la actividad castrense en las afueras de Toro. Así lo han reclamado ya los procuradores zamoranos de PP y Cs, mientras que los del PSOE piden “alejar al campamento de la polémica”. A día de hoy, Monte la Reina cuenta ya con un presupuesto de 1.050.000 euros, de los 85 millones necesarios para su consolidación. La entidad zamorana Caja Rural se ha ofrecido a financiar ese montante a coste cero.

La inyección económica que Castilla y León ofrece al proyecto de Monte la Reina nace de una enmienda del Partido Socialista que han recogido tanto Partido Popular como Ciudadanos. La procuradora del PSOE por Zamora, Ana Sánchez, ha mostrado su satisfacción porque “el trabajo sincero ofrezca resultados”, aunque ha dejado una pulla para los populares. “A pesar de que lleguen a este acuerdo en el tiempo de descuento y obligados, lo importante es que se recupera el espíritu inicial que representa esta enmienda transaccional que presentó el PSOE”, ha señalado. En este sentido, Sánchez ha alabado “la constancia, el diálogo y el sentido común” demostrado por todos los grupos para conseguir sacar adelante esta iniciativa.

Por su parte, la procuradora del PP por Zamora, Leticia García, ha reclamado al Gobierno de España “que ejerza el liderazgo” en el proyecto para la reapertura del campamento militar de Monte la Reina, toda vez que la Junta de Castilla y León “va a doblar el dinero incluido por el PSOE en los Presupuestos Generales del Estado”. García ha recordado que esta iniciativa es “un compromiso de Pedro Sánchez” y por eso ha insistido en que debe ser el Partido Socialista el que ponga en marcha la maquinaria desde Madrid. “El PSOE había supeditado el avance de este proyecto a que la Junta de Castilla y León lo cofinanciase; pues bien, ya hemos doblado su cantidad, a pesar de no tener ninguna competencia”, ha reivindicado.

La oleada de reacciones ha llegado también hasta María Teresa Gago, procuradora de Ciudadanos por Zamora, quien ha apelado al “valor de la palabra y del acuerdo en momentos tan convulsos como el actual”. La única parlamentaria de la formación naranja por la provincia ha pedido, igual que Ana Sánchez, que los políticos dejen al margen la guerra en lo referente a este proyecto. “Monte la Reina no es patrimonio de ningún partido, sino de todos los zamoranos; no podemos reducir a una riña de partidos un proyecto que puede marcar el futuro de la provincia”, ha implorado, recordando el apoyo que han brindado a esta iniciativa organizaciones como Zamora 10 o entidades como la Caja Rural de Zamora.

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Solo un millón encima de la mesa para un presupuesto que ronda los 85

Los 700.000 euros presupuestados por la Junta para el campamento militar de Monte la Reina habrán de sumarse a los 350.000 incluidos en los Presupuestos Generales del Estado para este año 2021. Entre ambas partidas, a día de hoy, el regreso de la actividad castrense a la provincia de Zamora contaría con poco más de un millón encima de la mesa. Una cifra que no dice nada, teniendo en cuenta que los cálculos del Ministerio de Defensa hablan de un presupuesto alrededor de los 85 millones de euros. La apuesta de las administraciones debe ser decidida para que esta iniciativa vea la luz; especialmente, la del Gobierno de España, que es quien maneja todas las competencias. Cabe recordar que Caja Rural de Zamora se ha ofrecido a financiar la totalidad de esos 85 millones de euros a cero interés. De hecho, el Partido Popular, a instancias de Fernando Martínez-Maíllo, elevó la pasada semana una moción ante el Senado para que el Gobierno de España aceptara dicho ofrecimiento para sufragar económicamente este proyecto.