El Consejo Consultivo de Castilla y León aprobó en 2020 un total de 458 dictámenes, 287 de los cuales respondieron a consultas realizadas por diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades locales, mientras que 168 se derivaron de consultas efectuadas por la Administración autonómica y tres, de las universidades.
“La institución ha realizado en 2020 un esfuerzo adicional para que su funcionamiento, dentro de la gravedad de la situación por la pandemia, se haya realizado con relativa normalidad, cumpliendo su papel de garante de la legalidad, buen gobierno y defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos”, destacó el presidente del Consejo Consultivo, Agustín Sánchez.
Valladolid encabeza el listado de provincias, con 90 dictámenes; seguida por Burgos, León y Salamanca, con 81, 76 y 74, respectivamente. Por su parte, 38 dictámenes correspondieron a Zamora; 31, a Palencia; 23, a Segovia; 14, a Ávila, y ocho, a Soria, además de otros 223 expedientes con un ámbito territorial que abarca varias provincias, según precisaron fuentes del Consejo Consultivo.
Los asuntos de responsabilidad patrimonial motivaron la mayor parte de los dictámenes, con un total de 352, de los que la mayoría está relacionada con el funcionamiento de los servicios públicos y con el ámbito sanitario.
En cuanto a la autoridad consultante, la mayoría de las solicitudes, concretamente 287, corresponden a entidades locales. 168 peticiones llegan de la Junta de Castilla y León, de las que más de un centenar proceden de la Consejería de Sanidad, y tres a las universidades.
Por su parte, el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León resolvió 198 recursos. “El control y la garantía de la legalidad presiden ambas funciones, que se desarrollan con independencia, imparcialidad, objetividad y autonomía”, apuntó Sánchez de Vega.
