No es ningún milagro científico, pero lo cierto es que el Instrumento de Recuperación de la UE (Next Generation UE), está diseñado para que los Estados miembros puedan hacer frente a las repercusiones económicas y sociales de la pandemia y a los retos que plantean las transiciones ecológica y digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial.

Su traducción directa en nuestro país se ha llevado a cabo a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la economía española, dotado con unos 72.000 millones de euros a ejecutar entre 2021-2023, con una inversión “verde” que debe representar, al menos, el 37% del total.

Sin entrar a valorar esta expresión de “inversión verde” que a buen seguro traerá sus controversias, hay que añadir que el gobierno central estructura el Plan en torno a 10 políticas tractoras, que van desde el desarrollo de la agenda urbana y rural o la lucha contra la despoblación, hasta el impulso de las infraestructuras y los ecosistema resilientes, sin olvidar sectores tan relevantes como el de la salud que pretende reforzarse, la educación que obtendría una fuerte inversión en capital humano, o el de la Nueva economía de los cuidados, entre otras. Se pretende la creación de unos 800.000 nuevos puestos de trabajo.

Sin tiempo que perder

Las prisas no son buenas, pero la crisis socioeconómica que está dejando la gestión de la pandemia demanda una intervención perentoria que convierta este desafío en una oportunidad. Aunque la gestión del fondo NG-UE estará esencialmente en manos del Estado y de las CCAA, también es posible la participación privada y la de las administraciones locales: unos 1.500 millones de euros se dirigirán directamente hacia proyectos municipales, ayudas que conciernen, naturalmente, a todos los municipios de nuestra provincia. Es urgente y vital que aquellos municipios con capacidad material y humana elaboren proyectos “elegibles” para optar por esta financiación, incorporando criterios como la innovación y con un impacto positivo tanto en materia socioeconómica como medioambiental.

Es posible que en Zamora pocos municipios tengan esa capacidad, por lo que el papel de la Diputación Provincial es esencial para generar proyectos de ámbito supramunicipal, informar y prestar apoyo. También la Universidad de Salamanca puede jugar un rol importante, como las organizaciones empresariales, sindicales y sociales, en general. Nuestras instituciones deben redoblar sus esfuerzos reforzando sus recursos materiales y humanos para poder diseñar, desarrollar y ejecutar estos nuevos fondos, a través de una buena gobernanza, donde los movimientos sociales y la ciudadanía también tengan cabida.

La ciudad de Zamora debería seguir los pasos de otros municipios que ya han presentado un paquete de proyectos, muchos incluso, siguiendo los pasos ya dados a partir de la implementación de la Agenda Urbana Española. No se puede esperar más, es necesario un plan de inversiones para lograr la recuperación económica y social de la ciudad, para promover la creación de empleo de calidad, para retener el talento y salir fortalecidos de la crisis generada por la COVID-19, una ciudad en transición en línea con el plan de recuperación nacional y con las exigencias y prioridades de la Unión Europea para la gestión de esos fondos.

Carlos Morales