Un fisioterapeuta zamorano se enfrenta a 8 años de prisión, acusado de abusar sexualmente de dos alumnos del centro de educación especial Virgen del Castillo de Zamora durante los tratamientos que realizaba, según la acusación de la Fiscalía Provincial que fecha los sucesos en el curso 2016-2017. Una de las presuntas víctimas era una menor de edad con una discapacidad del 63%; la otra, un alumno mayor de edad, autista con parálisis cerebral y que tiene una minusvalía del 78%, según detalla el fiscal en su escrito de acusación ante la Audiencia Provincial, que juzgará al imputado el jueves y el viernes.

El Ministerio Público exige que el procesado no pueda ejercer durante 4 años su profesión para atender a menores de edad y a personas con discapacidad que precisan de una protección especial. Y, en caso de ser condenado a prisión, solicita que el imputado esté sometido durante 8 años a libertad vigilada. Las indemnizaciones que la acusación pública solicita son 5.000 euros para cada una de las presuntas víctimas.

La Fiscalía sostiene que el imputado tocó los genitales de la menor, “excediendo su ámbito de actuación”, en días anteriores al 19 de mayo de 2017, hechos que dieron lugar a una queja de una familia contra el profesional ante la Dirección Provincial de Educación, tras lo que el centro optó por no dejar al profesional nunca solo con un alumno. Precisamente, por este presunto delito se le exige la mayor pena de prisión, 5 años, ya que la víctima no había alcanzado la mayoría de edad.

La segunda queja llegó el 1 de junio de ese mismo año, cuando la familia del otro alumno comunicó al centro que el fisio había sometido a tocamientos a su hijo, lo que se comunicó a Educación. Esta familia terminó denunciando en la Comisaría de Zamora. La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación Carmen Prado-Valcarce evaluó la credibilidad de los relatos de las presuntas víctimas.

El acusado ha negado los hechos y su defensa pide la absolución porque ni el Ministerio Público, ni la acusación particular aportan pruebas concretas sobre el abuso, ni especifica los hechos que se le imputan, ni las fechas en que pudieron producirse, “ni momentos específicos” en los que pudieron producirse los presuntos abusos sexuales.