El servicio del Defensor del Profesor, puesto en marcha por el sindicato ANPE, registró durante el pasado curso 2019-2020 un total de 38 denuncias de docentes en Castilla y León, de los que cuatro casos fueron recogidos en Zamora. El 84,21% de los casos fueron tratados hasta el momento del inicio de la crisis sanitaria y solo el 15,79% durante los meses posteriores. Además, en los meses del confinamiento, la mitad de los casos atendidos correspondieron a situaciones de acoso derivado del uso de las nuevas tecnologías.
El análisis de actuaciones por provincias señala que de las 38 intervenciones llevadas a cabo en la comunidad, el 28,95% (11) se llevaron a cabo en Valladolid, el 26,91% (10) en Salamanca, el 10,53% (4) en Burgos y Zamora, respectivamente, el 7,90%(3) en Palencia, y el 5,26%(2) restante en las provincias de Ávila, León y Segovia. Solamente Soria no hizo uso de este servicio durante el curso.
Por etapas educativas, el 5,26% se efectuaron en Educación Infantil, el 60,53% en Educación Primaria, el 28,95% en Educación Secundaria y el 5,26% restante en la Formación Profesional. “Durante este curso no hay demanda de atención por parte de otras modalidades educativas como centros de adultos o escuela de idiomas, lo que demuestra que la mayoría de las situaciones conflictivas se producen dentro de las etapas de escolaridad obligatoria”, se argumenta desde este servicio.
En cuanto a la tipología de los casos atendidos, desde el Defensor del Profesor se estipulan tres grandes bloques: los relativos a alumnos, los derivados de padres y aquellos que se producen fruto de la interacción entre compañeros de trabajo. De esta manera, el 28,95% de las actuaciones han estado relacionadas con los alumnos, el 28,95% con los padres y el 42% con el propio entorno laboral. “En este análisis hay que tener en cuenta que el ámbito escolar es un ámbito de interacciones múltiples y, si bien hemos tratado de recoger los resultados centrándonos en la fuente principal de conflicto, en la mayoría de los casos acaban trascendiendo al resto. Esto se pone especialmente de manifiesto en los resultados obtenidos sobre en el entorno laboral, donde la falta de acuerdo entre compañeros, la inadecuada aplicación de normativa y protocolos derivados de situaciones conflictivas con alumnos y/o padres han acabado provocando problemas en el propio entorno laboral” se especifica.
Centrándose en los alumnos, las situaciones de conflictividad más frecuentes fueron el ciberbulling (10,53%) y las amenazas 7,9%, seguidos de problemas para dar clases (5,26%) y las faltas de respeto (5,26%). “Durante este curso no se registran, afortunadamente, casos de agresión física al profesorado, acoso o daños a la propiedad privada del profesorado”, se valora.
Las amenazas y las agresiones físicas al profesorado han sido las problemáticas más frecuentes en relación con los padres. Le siguen las faltas de respeto y las falsas acusaciones en un 5,26% y, finalmente, las denuncias en un 2,63%. “No se recogen casos de ciberacoso o presión de notas”, señalan las mismas fuentes.
Por último, y en relación a problemas surgidos en el propio entorno laboral, como ya se mencionó anteriormente, suponen un 42% del total de las actuaciones llevadas a cabo, según este último informe del Defensor del Profesor de ANPE.
ANSIEDAD Y DEPRESIóN, PRINCIPALES DIAGNóSTICOS DE LOS DOCENTES
El Servicio del Defensor del Profesor también presta asesoramiento psicológico y jurídico al profesorado víctima de situaciones conflictivas en el ámbito escolar, “tratando con ello de minimizar las posibles secuelas de diferente índole en el profesorado”, valoran. A lo largo del pasado curso, el profesorado atendido por este servicio sufrió cuadros de ansiedad en un 84,21% de los casos y depresión en un 2,63%. Un 23,68% del profesorado precisó baja médica por estas causas. “No podemos obviar que la salud mental del docente es crucial no sólo en su individualidad, sino también para garantizar una educación de calidad. Además, las bajas laborales suponen costes adicionales para la administración, así como modificaciones en la trayectoria formativa del alumnado”, se añade.
El servicio del Defensor del Profesor “surge de la necesidad de prestar atención al profesorado que sufre situaciones conflictivas en su ámbito laboral. En la mayoría de los casos, se trata de profesorado de la enseñanza pública, que en algún momento a lo largo de su trayectoria laboral ha sufrido situaciones incompatibles con la convivencia escolar e inaceptable en una profesión de estas características y dimensiones”, explican desde este servicio del sindicato ANPE, puesto en marcha en 2005.
La recolección de estos datos, además, le sirve al sindicato educativo para realizar un análisis y valoración “y tratar de tomar decisiones que nos permitan ofrecer una educación de calidad, así como el logro de un entorno laboral seguro para todos los docentes y el resto de personal que trabaja en los centros”, subrayan.
