El pasado 5 de enero, y después de varias semanas de batalla burocrática, el presidente de la Diputación, Francisco José Requejo, anunció que la institución había adquirido por fin los terrenos donde se ubicará la biorrefinería de Barcial del Barco. El presidente, que compareció junto al rostro visible de los promotores, Vicente Merino, auguró que esta iniciativa empresarial “será punta de lanza del desarrollo de la provincia”, y justificó el gasto de 315.000 euros de dinero público que se han destinado a financiar la compra.

Requejo apareció triunfante, habló de “regalo de Navidad para la provincia” y dejó que Merino diera explicaciones sobre el desarrollo de unas obras que deberían finalizar entre finales de 2022 y principios de 2023. Fue después de la comparecencia cuando los arquitectos del acuerdo aclararon que la Diputación recuperara la inversión realizada en los terrenos, tras ejercer como “facilitador” del proceso. La intervención política ha servido, por tanto, para dar empaque a un proyecto ambicioso, y que verá la luz tras años de empuje. Estos son los motivos que han llevado al presidente y a su equipo a implicarse en la iniciativa, según la memoria justificativa:

“Una solución industrial e innovadora”. La Diputación entiende que el proyecto de Barcial supone una alternativa de garantías al cierre de fábricas azucareras, y puede servir como oportunidad “principalmente para el sector remolachero”. Este colectivo se verá beneficiado al vender la materia prima para la elaboración de bioetanol, piensos y energía eléctrica, en un plan que incluye también la utilización del maíz.

Un momento estratégico. Los responsables provinciales consideran que el marco elegido es el “idóneo” a todos los niveles para “asegurar la viabilidad del proyecto”. El planteamiento se basa en que “el bioetanol seguirá siendo esencial en el contexto actual de transición ecológica”, y en que su utilización tendrá “el respaldo de las autoridades estatales y europeas”.

Un pilar de la bioeconomía. Las biorrefinerías utilizan fracciones de materias primas de base biológica para obtener bioproductos, biocarburantes o energía. Así aparece reflejado en la memoria justificativa para la adquisición de los terrenos, un texto que aclara también que estas plantas proporcionan un marco para el desarrollo de políticas integradas en la Agenda 2030: “Representan una alternativa real para la descarbonización de la economía”.

La creación de empleo. Uno de los alicientes principales de la biorrefinería de Barcial desde el punto de vista de las instituciones públicas es que “permitirá la creación de numerosos puestos de trabajo directos e indirectos en una zona con elevado paro y un problema creciente de despoblación”. Cabe destacar, además, que la idea de los promotores es dar continuidad a su estrategia con nuevas plantas en León y en Palencia que reforzarían la iniciativa empresarial. Por lo pronto, el plan solo para la fábrica zamorana habla de 250 empleos directos y 500 indirectos durante la fase de construcción; 180 puestos directos y 2.000 indirectos cuando se inicie la explotación; y una serie de vacantes posteriores en “los polígonos verdes anexos” o en las labores de la limpieza y desbroce de monte desde la localización de las instalaciones hasta Sanabria, ya cuando se incorporen las calderas de biomasa. Cuando estén listas las tres plantas en el entorno, la previsión de los empresarios es emplear a 500 personas y dar trabajo de manera indirecta a 5.000.

Barcial funcionará todo el año. Si todo marcha como prevén los promotores, la biorrefinería de Barcial del Barco tendrá un funcionamiento continuo y no estacional. La idea que transmite la Diputación en su memoria justificativa es que la producción se centrará inicialmente en bioetanol, piensos y electricidad, para ampliar las mirar en un futuro hacia el azúcar, los bioplásticos, la bioelectricidad, los aceites, el bioqueroseno, el biogás y otras posibilidades.

Recursos económicos y balanza comercial. La Diputación estima que “la utilización del bioetanol en combustibles como la gasolina E10 generará varios millones de euros en impuestos”. Además, su exportación “aportará valor añadido y equilibrio comercial a Castilla y León”, a través de “un modelo de producción de petróleo verde y generación de renta agraria”.

Población activa para una zona envejecida. La despoblación y el envejecimiento castigan a toda la provincia. También al territorio donde se ubicará la biorrefinería, que presenta indicadores preocupantes en los últimos años. Sin ir más lejos, Barcial del Barco ha perdido más de un 15% de su población desde el año 2000. “El proyecto potencia un valor endógeno de Zamora, como es la remolacha, que ha sido durante décadas la principal fuente de riqueza de estas zonas, y cuya siembra se está viendo reducida de forma drástica desde la liberación de las cuotas en el año 2017”, explican desde La Encarnación, antes de añadir que la biorrefinería generará riqueza en un radio de 50 kilómetros a través del pago de materias primas, transporte, salarios o industrias anexas: “Cumple el objetivo de potencial la economía en un territorio con un déficit palpable de inversiones que fijen población”.

Una industria para paliar los efectos del COVID. La lucha contra la pandemia también forma parte de las motivaciones de la Diputación para implicarse en un proyecto de estas características: “Ante una situación sanitaria y económica sin precedentes, se hace todavía más necesario que organizaciones públicas impulsen iniciativas que permitan dinamizar la economía, y generar puestos de trabajo directos e indirectos”, apuntan desde la institución. Y apostillan: “Se trata de responder a las necesidades de apoyo derivadas de la prolongación de esta situación excepcional; y proteger y dar soporte al tejido productivo y social para minimizar el impacto de la pandemia”.

Reducción de las emisiones. La producción de biocarburante reduce emisiones a la atmósfera en comparación con los combustibles fósiles. Además, según los cálculos establecidos, la zona de suministro se sitúa en torno a las 110 toneladas por hectárea de remolacha, por lo que necesita una extensión diez veces menor que las que se precisan con el trigo y la cebada: “Esto supone un coste de oportunidad muy importante para la región, y una mejora en cuanto a la reducción de emisiones”.

Terreno necesario. Según los cálculos de los promotores, recogidos en la memoria por los responsables provinciales, la planta necesita el uso de una superficie de unas 7.000 hectáreas de remolacha y 15.000 de maíz, “frente a otros modelos que precisan entre diez y doce veces más”. Esto implica “un coste de oportunidad favorable a la implantación de este modelo, en relación con la potencial utilización de otras materias primas. Esta circunstancia incide en la “viabilidad y sostenibilidad” de un proyecto orientado a la producción de bioetanol, pero también de piensos.