Entrevista a Isabel Blanco, consejera de Familia: “Cuando acabe la pandemia y la crisis sanitaria se agravará la crisis social”

—¿Como ha afectado a las residencias la segunda ola del coronavirus?

—Con una incidencia tres veces superior entre la población general, las residencias se han comportado muchísimo mejor, ha habido menos centros afectados y menos fallecimientos. Las residencias no son burbujas, están en una sociedad y a partir de la primera ola se extremaron las precauciones con las visitas y las salidas de los residentes. El tercer vector son los trabajadores que es por donde ha entrado el virus sobre todo en esta segunda ola, porque son las personas que tienen contacto con el exterior, llevan una vida normal. Quienes viven en las residencias son las personas más mayores y dependientes, no puedes guardar metro y medio de distancia, tienes que atenderlas, darles de comer, limpiarlas, luego es mucho más fácil ese contagio, máxime cuando la mayoría han sido asintomáticos y cuando detectas alguien con síntomas se te puede haber contagiado todo el centro.

En marzo nos decían que no hacían falta mascarillas ni había que ventilar

—Con la llegada de la vacuna, parece que llega la solución definitiva del problema.

—Me preocupa este periodo, porque se junta el frío, el exceso de contactos de las Navidades y la sensación de falsa seguridad que puede dar la llegada de las vacunas. Porque la vacuna no es efectiva hasta la segunda dosis, es decir hasta dentro de tres semanas porque hasta entonces residentes y trabajadores no tiene esa inmunidad y sin embargo nos da la falsa sensación de decir, ya me he vacunado, no pasa nada. En febrero tendremos completada la vacunación.

—¿Han detectado alguna picaresca, que se vacune a familiares, como ha pasado en Madrid?

—No. Sanidad organiza los recursos y las rutas de la forma más eficaz. Nosotros llevamos muchas semanas con un trabajo intenso de preparación, autorizaciones, registro y todo lo necesario para tener todo a punto para la primera y segunda dosis. Entre mayores y discapacidad tenemos más de 40.000 residentes y sobre 22.000 trabajadores.

—¿Ha habido negativas a vacunarse?

—Con los datos de la primera semana, aproximadamente un 4% ha dicho que no, sobre todo personas con patologías importantes, más que por desconfianza hacia la vacuna en sí. Ha sido aproximadamente un 4% los que dijeron no.

Los trabajadores han sido el principal vector de entrada del virus en los geriátricos

—¿Quedan aún residencias que se hayan librado del virus?

—En la primera ola más del 65% de las residencias de mayores estaban limpias, no tuvieron casos. En esta segunda ola el virus afecta a estas residencias que estuvieron limpias, porque no tienen personas con anticuerpos y no se han enfrentado al problema por lo tanto a la hora de aplicar los planes de contingencia no tienen tanta experiencia como las que lo han vivido. No tenemos aún el dato de las que están libres de virus, sacaremos la estadística cuando pase la vacunación. Ahora mismo hay 31 centros con infección activa en toda la comunidad, dos en Zamora, teniendo en cuenta que se considera brote un solo caso.

—Ha recibido muchas críticas por falta de transparencia.

—Me duelen porque no es verdad que no hayamos sido transparentes. Lo único que no hemos facilitado públicamente son los fallecidos por centros, porque tenemos informes jurídicos que nos impiden hacerlo. Sí se dan, a diario, a la Fiscalía, la Consejería de Sanidad y se dieron en los Cecopi, los centros de coordinación frente a la pandemia. Y se ofrecen estos datos agregados por provincias y los de los centros propios, además del resto de información, incluidas las visitas de control, que están en la página web. Los periodistas saben que siempre les hemos atendido para dar información y también algunos políticos de la oposición. Lo que pasa es que algunos que ahora critican ni siquiera han llamado para interesarse por lo que pasaba u ofrecerse por si podían ayudar.

—Otro asunto polémico fue la falta de derivación de residentes a los hospitales, sobre todo en la primera ola.

—De marzo a junio en la primera ola, se trasladó a más de cinco mil mayores a los hospitales. En esta segunda ola no ha habido tanta polémica con este asunto y de octubre a diciembre han sido 2.800. Se crearon los equipos COVID y las residencias se medicalizaron con la hospitalización a domicilio, con lo que las personas tuvieron su oxígeno, su medicación y su atención sanitaria. Quién decidía si enviar o no al hospital eran los profesionales médicos y sanitarios con criterios estrictamente clínicos. Alguna vez nos han achacado que no se les intubó, pero es que una persona de 90 años a lo mejor no resiste una intubación y un respirador. Eso no quiere decir que no tuviera la asistencia y atención que necesitó.

Los niños cuyos padres tenían coronavirus hubo que atenderlos en centros específicos

—¿Por qué las residencias de la Junta en Zamora sufrieron más que el resto en la primera ola?

—Cuando se decidió cerrar el muchos centros el virus ya estaba dentro. Hay que ponerse en marzo, y recordar, porque todo se olvida, cuando nos decían “no hay que usar mascarillas, no hay que ventilar, el virus no es tal la virulencia que tiene”.

—En la segunda ola, sin embargo, se han librado del virus, apenas han tenido contagios.

—Cuanto más grande es el centro mayor afección ha tenido. Y los centros que lo pasaron en la primera ola, tienen a más personas con anticuerpos y sabes mejor cómo actuar por eso en esa segunda no ha tenido tanta afección.

—Antes de la pandemia había un replanteamiento del modelo residencial. ¿El coronavirus ha parado esos planes?

—Antes de la pandemia había un compromiso de legislatura, hacer una ley de atención residencial que englobe todo el modelo, las residencias de mayores, de menores y de discapacidad. Se estaba implantando en Castilla y León un modelo basado en las unidades de convivencia que son módulos de entre 12 y 16 usuarios independientes dentro de la propia residencia, con su cocina, comedor y espacios y sobre todo su personal de referencia, siempre el mismo. La pandemia ha puesto de manifiesto que los centros residenciales no son hospitales, son viviendas, más grandes, pero hogares donde viven personas. Igual que las casas no son colegios, porque rápidamente nos tuvimos que adaptar y el 24 horas dijimos es que las casas son colegios, lugares de trabajo, las residencias son hospitales, pero no. Tiene que haber una interconexión entre el sistema social y el sistema sanitario, entre las personas que viven en las residencias y la sanidad. Que hay que reforzar la sanidad para dar ese servicio, hagámoslo, pero tiene que haber esa interconexión.

—¿Se va a quitar la obligación de contar con médico y enfermera?

—Se va a revisar el personal existente en los diferentes centros. Habrá centros que por su tamaño necesiten tener médico, enfermera y profesionales sanitarios y otros más pequeñitos que no. Lo que si se va a trabajar es en esa interconexión para que las personas que viven en residencias sean atendidas por el sistema sanitario.

—¿Las necesidades sociales también se han incrementado dentro de la pandemia?

—Nos han ido surgiendo problemas día a día a los que hemos tenido que dar soluciones muy rápidas. Por ejemplo el problema de los menores cuyos padres estaban positivos los dos, hospitalizados y sin esa red familiar, qué hacías con ellos, tienes que atenderlos y rápidamente se articularon centros de referencia en cada provincia para atenderlos. También surgió el programa Atrapadas para ayudar a las mujeres víctimas de trata, a las prostitutas que daban positivo y se encontraban en la calle, no las querían en ningún sitio, ni les dejaban volver a sus pisos, ni a los clubs y se encontraban totalmente solas y desamparadas. Las que estaban legales recurrían a los servicios sociales, pero muchas son ilegales y les tuvimos que cubrir las necesidades básicas de cobijo, alimentos y productos de primera necesidad.

Las prostitutas ilegales que daban positivo se quedaban en la calle

—¿Qué respuesta dieron para afrontar estas necesidades sociales que se veían venir con la crisis?

—Cuando se decreta el confinamiento se activa la red de protección a las familias a través del 012 y las organizaciones del tercer sector como Cáritas, Cruz Roja o Banco de Alimentos. Porque de repente había muchas personas que se quedaban en sus casas solas y había que atenderlas, llevarles esos productos de primera necesidad y alimentos. Se garantizó el servicio de prestación ordinaria de alimentos; de marzo a hoy han sido 28.451 los usuarios de este servicio frente a 25.718 en 2019. Además se hizo el seguimiento productivo de todas esas personas que estaban solas para ver sus necesidades, no ya solo de alimentos o servicios básicos, también psicológicas, por el sentimiento de soledad o miedo. En Zamora fueron 658. Y se incrementaron los fondos, dos millones más para el Ayuntamiento y la Diputación de Zamora para ese aumento de las ayudas de emergencia. En esta crisis familias normales que iban tirando con su sueldo de repente se quedan fuera del sistema y necesitan una primera ayuda de emergencias. También para incrementar esos servicios de proximidad, la ayuda a domicilio, la teleasistencia, las becas comedor que se pusieron en marcha.

—¿El problema social sobrevivirá al sanitario?

—Cuando acabe la pandemia, la crisis sanitaria, se agravará la crisis social. Nos ha tocado estar antes con las residencias, dar solución a los menores, a las mujeres víctimas de trata, todos esos puntos y nos tocará estar ahora con todo el tema de ayudas a desahucios, el bono social térmico (lo hemos puesto en marcha), la renta garantizada, las ayudas de emergencia, es decir, cubriendo toda esa parte, ese escudo social que tiene Castilla y León a través de la red de protección a las familias y los servicios sociales.

—¿Los desajustes del ingreso mínimo vital que implantó el Gobierno y la renta garantizada de ciudadanía que daban ustedes están resueltos?

—No. El ingreso mínimo vital fue una buena medida que de hecho apoyamos todos los grupos, que era muy similar a nuestra renta garantizada, pero muy mal gestionada. Ha provocado más desigualdades que beneficios a las personas. Se hizo a la carrera porque tenía que cubrir la situación COVID y precisamente es lo que no cubre. Por ejemplo el ingreso mínimo vital considera los ingresos de la familia en el año 2019, luego las familias que se hayan caído en el año 2020 por el tema del COVID no están consideradas dentro de ese ingreso mínimo vital. Nosotros en Castilla y León tenemos en cuenta los ingresos actuales. Nosotros no hemos suspendido a nadie la renta de ciudadanía hasta comprobar que estaba cobrando el ingreso mínimo. Curiosamente es una prestación superior, va de 460 a 1.100 euros según las circunstancias familiares mientras la renta de ciudadanía va de 430 a 800 euros y sin embargo hay casos en que el beneficiario cobra menos con el ingreso mínimo vital. Por eso articulamos mecanismos para que ninguna familia de vea perjudicada por una prestación. 40.000 personas solicitaron el ingreso mínimo vital del Gobierno y se ha concedido en torno a ocho mil y en Zamora 759 familias tenían la renta de ciudadanía , a 427 se ha concedido el ingreso mínimo vital y hemos tenido que complementar a 51 familias. Esperamos que la situación se vaya regularizando. De momento no han bajado tanto los perceptores de la renta, en las últimas nominas eran siete mil frente a los diez mil de medida que solía haber.

—¿Se generó demasiada expectativa con el ingreso mínimo vital?

—Se generó demasiada expectativa. Era una buena media, mal gestionada y mal planificada; lo ha reconocido el propio ministro de Inclusión. Hemos pedido la gestión igual que el País Vasco y Navarra, pero no nos han contestado. Queremos reducir burocracia y trámites y hemos demostrado que lo sabemos hacer.

—La Teleasistencia avanzada, que tuvo su proyecto piloto en Zamora, es uno de sus temas estrella.

—Cuando se habla de teleasistencia a todo el mundo le viene a la cabeza el botón con el que la persona llama y alguien viene a ayudarle. Castilla y León es la primera comunidad que pone en marcha la teleasistencia avanzada. Tiene más aparatos que se instalarán en los domicilios, sensores de movimiento, detectores de humo, los botones, distintas apps a través de los móviles para hacer un seguimiento de las constantes vitales de las personas. Y unido a eso la prestación de más servicios, como un seguimiento proactivo a la persona mayor, para ver cómo está si necesita algo, gestionar una consulta o esa atención tan necesaria psicológica de las personas mayores y también en seguimiento a los cuidadores. Se trata de interconectar la historia social de las personas con la clínica y la social de manera que tu vas a un médico o un psicólogo y se pueda ver todo el historial de esa persona a través de una plataforma que ya desarrolló la Junta de Castilla y León a través de fondos europeo, la plataforma Argos. Las entidades locales seguirán gestionando el servicio como hasta ahora, pero con un operador único en Castilla y León para que todos tengan los mismos servicios, no 24. A mayores vamos a sumir todo el coste, la parte que ponía la Junta, las corporaciones locales y los usuarios, va a ser gratuito para todas las personas que lo soliciten por el sistema público. En Zamora son ahora mismo 2.421 los usuarios de teleasistencia con una financiación de casi 102.000 euros. Estos usuarios ya no pagan la teleasistencia.

—Con todas estas ocupaciones no sé si le quedan proyectos pendientes que pretenda sacar adelante.

—Si. Estamos trabajando en dos normas muy importantes, la Ley de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, para asegurar la atención de este colectivo cuando falten los padres o tutores y la Ley del tercer sector, las entidades sociales.

—¿Algo nuevo para la provincia de Zamora?

—Vamos a poner un Fisiomer que es un proyecto de Aspaym, la Asociación de Personas con Discapacidad en Castilla y León y se trata de llevar la fisioterapia hasta el mundo rural. Son centros de fisioterapia que hay ahora mismo ya están funcionando en Sahagún, Camponaraya, Paredes de Nava o en Valladolid y lo vamos a poner en marcha en Zamora en Villalpando. Se trata fundamentalmente de llevar los servicios al mundo rural colaborando con Aspaym, el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León. Es el primer Fisiomer que va a haber en la provincia de Zamora y esperamos tenerlo antes del verano. Es una apuesta por llevar los servicios al mundo rural y ayudar a revitalizar la comarca.