El Procurador del Común ha tramitado durante el pasado año un total de 6.341 expedientes, de los cuales 6.247 corresponden a quejas formuladas por los ciudadanos y 94 a las actuaciones de oficio. Las quejas de los zamoranos han aumentado un 7%, hasta las 440, en línea con lo ocurrido en el resto de la comunidad.

Por provincias, León lidera, en esta ocasión, las estadísticas con un total de 1760  reclamaciones, que representa el 28,1% del total. Le sigue Burgos con 1009 quejas y Palencia con 707. A continuación se sitúan Soria con 526, Valladolid con 479, Zamora con 440, Segovia con 386, Ávila con 230 y Salamanca con 214.

Aumentan el número de quejas que, siendo una única reclamación, han sido presentadas por numerosos firmantes.

En cuanto a la distribución por áreas de las quejas destacan las relativas a Sanidad, que fueron las más numerosas con un 35,6% del total, seguida de las reclamaciones del área de Educación con un 29,2%, Familia, Igualdad de Oportunidades y Juventud con un 7,49 %, Empleo Público con un 6,3%, Administración Local con un 6,2%, Hacienda con un 3,4%, Medio Ambiente con un 3,3%, Fomento con un 3,1%,  Industria, Comercio y Seguridad Social  con un 2%, Interior y Movimientos Migratorios con 1,3%,Justicia con un 0,67%, Cultura y Turismo y Deportes con un 0,77% y Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con un 0,43%.

Este año, debido a la situación de la pandemia se ha elaborado una estadística de los expedientes relacionados directamente con el COVID-19 y que ascienden a 1771, de las que 1735 son a instancia de parte y 36 corresponden a actuaciones de oficio. De estas quejas destacan las relativas a Sanidad (cierre de consultorios rurales, falta de material, atención presencial, etc.), Educación (protocolos inicio del curso, jornada continua, falta de medios…) y Familia que en este caso tienen que ver con las residencias de las tercera edad.

En cuanto a las actuaciones de oficio en materia COVID-19, destacan las relacionadas con la asistencia sanitaria a las personas mayores, la presencia de enfermeras en los centros educativos, la publicación de contratos COVID por parte de la Junta de Castilla y León, la aprobación de exenciones o reducciones en el abono de tasas que genera la ocupación por las terrazas de la vía pública, los protocolos para la reapertura de parques