Zamora no puede perder la oportunidad de impulsarse, dejar pasar el último tren que le permitirá aprovechar la vuelta a lo rural que la pandemia del COVID parece colocar en el horizonte, sin olvidar el proyecto de Monte la Reina. El subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco, insta a las administracionesa a hacer un frente común, a ser más generosas, y a dejar el frentismo.

–La primera piedra para luchar contra la despoblación que propuso el PSOE, su partido, recuperar Monte la Reina como dotación militar, tiene una partida en los presupuestos del Estado que ha decepcionado a todos.

–Ahora se abren nuevas posibilidades con los fondos europeos para la reconstrucción. Había que dar un primer paso y este dinero puede serlo.

–¿Pero se verá algo en 2021 que materialice ese proyecto, alguna actuación del Gobierno?

–La iniciativa tiene que llevarla el Gobierno de España, pero la comunidad autónoma tiene que participar, y otras administraciones dentro de sus posibilidades. El estudio de viabilidad del proyecto se hizo porque todas dijeron “tiremos para delante”.

–¿Y cuál es el siguiente paso?

–Sería redactar el proyecto que puede hacerse de forma diferente sin tener costes adicionales para materializar esa inversión de 85 millones de euros que permitirá que vengan dos batallones, una unidad social, un centro de comunicación, una guardería, etc. Lo importante es ponernos todos de acuerdo e ir al Ministerio con una propuesta y, cuando se vea que es realizable, elaborar el proyecto de obra. La unidad y el frente común que percibo hablando con todas las administraciones para trabajar en el proyecto creo que permitirá grandes avances en 2021.

Queremos actuar en la A-6 de Benavente-León y mejorar, al menos, el tramo Zamora-Tábara de la N-631

–¿El proyecto de la conexión por autovía con Portugal en qué momento está?

–Se han dado pasos con la elaboración de las maquetas y los proyectos de los trazados, presentados ya en el Ministerio para su examen, después se expondrán al público con la mayor celeridad posible. Tras resolver las alegaciones de los ciudadanos, se elaborarán los proyectos de construcción, con prioridad para los dos tramos cercanos a la frontera con Portugal.

–¿Comenzarán las obras este año?

–Los técnicos de la Unidad de Carreteras están trabajando mucho para que en este año, en el primer semestre, puedan estar ya terminados los proyectos de trazado del tramo Portugal-Alcañices. Nuestro propósito es poder adjudicar algún proyecto antes de final de año y empezar la obra de un tramo antes de que termine este año, porque ese inicio de obra impide que caduque la declaración de impacto ambiental, que lo hace en 2022, aunque puede ampliarse en dos años.

–¿La mejora de la carretera N-631 tiene fecha?

–Hay un proyecto de obras que hemos tenido que modificar, a ver qué presupuesto hay del plan de conservación de carreteras para ver si podemos pasar alguna cantidad para actuar en esa vía. Si no pudiéramos integrar toda la carreta, sí hacer el tramo Zamora a Tábara. Estudiaremos actuar en los once kilómetros de la A-6, en el tramo Benavente-León, cuyo proyecto quedó pendiente de adjudicar en 2016.

–¿Los fondos europeos servirán para abordar la depuración de aguas que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) deberíallevar a cabo en municipios que siguen vertiendo al río, como Arcenillas, Cubillos, Molacillos, Pontejos o Valcabado?

–Habrá dinero para la depuración de aguas, el proyecto más avanzado es el de San Cristóbal de Entreviñas, de 3 millones de euros, y estamos esperando que se aprueben definitivamente las propuestas. Se ha ido avanzando, los proyectos están redactados y estamos pendientes de firmar los convenios de CHD y ayuntamientos. Algunas de esas actuaciones contarán con fondos de Europa y otras no. Entre los municipios que ya tienen el proyecto de la depuradora avanzado están Monfarracinos, con 1,4 millones de coste; la de Villaralbo, por 1,3 millones; Coreses, 1,3; o Morales del Vino, 2,8 millones.

–Se habla del 5G, pero sigue habiendo zonas de sombra de televisión digital terrestre, telefonía móvil y fibra en muchos núcleos de la provincia y en zonas incluso de la capital. ¿Cuando se subsanarán esos problemas?

–La Ley de Telecomunicaciones se modificará para propiciar eso. Ahora se considera como servicio universal hasta un mega y la conectividad se considera solo con la telefonía fija. En cuanto a la televisión, la normativa se cumple, pero hay operadores del Estado, de la comunidad autónoma, también puede intervenir la administración local. Estamos intentando articular un protocolo para cuando hay un problema con el teléfono fijo.

–¿Para qué ese protocolo?

–Para que el pueblo sepa qué avería hay y cuanto tardará en solventarse. Debe haber una queja a la Dirección de Telecomunicaciones para que la empresa explique qué ha ocurrido, por qué y adopte medidas para que no vuelva a ocurrir. 

–La banda ancha llegará a poblaciones de más de 20.000 habitantes en tres años, ¿Zamora no corre el riesgo de quedarse otra vez atrás?

–La banda ancha a más de 100 megas llegará a más del 83% de la provincia cuando se ejecute lo presupuestado este año, con un plan de conectividad del Gobierno de llegar al cien por cien antes de 2025. El Gobierno ha hecho un importante esfuerzo con el destino de 8 millones, una ayuda importante que provocará 15 millones de inversión en 269 localidades.

–¿Garantizará el teletrabajo en cualquier pueblo de la provincia donde alguien quiera asentarse?

–Claro, las empresas tienen dos años para desplegar la banda ancha. 

Hay varios proyectos para impedir los vertidos al Duero

–¿El horizonte de 2025 no será demasiado lejano para una provincia como Zamora, tan despoblada y deprimida ya?

–Ocho pueblos, incluidos en las seisprimeras convocatorias que hubo; y en estas tres últimas, 269. Es verdad que otras localidades, como Alcañices, han quedado fuera porque el operador no ha metido la zona de Aliste, pero hay convenios Diputación Provincial y Junta para aumentar el 83% y llegar al cien por cien.

–¿En qué fase está la actualización del Plan Director de las Murallas de Zamora?

–Se ha hecho ya la primera entrega y a finales de este año deberá estar concluido. A partir de ahí, el Estado ya tendría un documento para ordenar, en primer lugar, la titularidad del recinto porque hay tramos privados en los que no podemos intervenir. Ese documento permitirá establecer las actuaciones futuras de acuerdo con Patrimomio de la Junta. Este Plan, renovado a los 20 años de su redacción, dará seguridad jurídica a todos los que actúen en la muralla, algo muy demandado. El Ministerio, mientras tanto, actuará cuando se produzca una situación de emergencia, como ya ha ocurrido.

–¿El uso de la cárcel vieja como sede de un centro cívico cuando podrá ver la luz?

–La actuación no tiene por qué ser integral, salvaguardando la estructura de la cárcel, veremos cómo se puede llevar a cabo un proyecto. No hay que olvidar que tiene su historia y su atractivo, muchas posibilidades a estudiar, no solo como centro cívico, también para formación de personal, para las personas de tercer grado que están en el CIS. Tenemos muchas ideas que nos han hecho llegar ciudadanos, funcionarios de prisiones, ideas factibles y que no requieren mucha inversión.

–En estos presupuestos generales siguen sin verse inversiones importantes que generen riqueza para la provincia.

–La inversión de 8 millones de euros para implantar la fibra, la banda ancha de alta velocidad, directamente vinculada al asentamiento de población genera riqueza, al igual que la inversión en sanidad, educación, con el impulso a la formación profesional y de becas; o en Ley de Dependencia. Todo ello propicia la mejora del mercado laboral para cambiar un sistema de temporalidad y lograr una sociedad mucho más inclusiva, más justa. Lo que no puede ser es que un joven cobre 700 euros, porque nunca podrá independizarse.

–El COVID ha destruido mucho empleo, muchos autónomos y pymes exigen ayudas directas y no ampliaciones de los préstamos ICO, ¿habrá medidas?

–Nunca antes había habido las ayudas a autónomos que se han establecido en esta crisis del COVID, el esfuerzo es grande, somos conscientes de que es insuficiente porque el daño ha sido muy grande. La Administración continúa arbitrando medidas constantemente para no dejar a nadie atrás, como las últimas a alquileres o los incentivos fiscales, otras que afectan al rendimiento de módulos o el IRPF e IVA para la hostelería, turismo y comercio, entre otras muchas.

La revisión del Plan Director de la Muralla estará listo a fin de año para establecer acciones

–Se critica que las medidas del Estado no acaban de paliar el destrozo económico para los zamoranos.

–Más de 6.400 personas han cobrado algún tipo de prestación del Estado en Zamora; ha habido 1.973 empresas en Zamora y 2.861 operaciones con 215 millones de euros. Zamora se va a llevar este año hasta 70 millones en prestaciones del SEPE.Hasta ahora, llevamos 31 millones más en prestaciones que el año pasado. Se crea el Ingreso Mínimo Vital, fundamental en el Estado de Bienestar.

–¿Los fondos europeos para la reconstrucción por el impacto del COVID de qué manera influirán en el desarrollo de políticas contra la despoblación en Zamora?

–Debemos presentar proyectos interesantes, es un tren que no podemos dejar pasar. Administraciones y particulares, asociaciones, debemos presentar proyectos que generen riqueza, debemos olvidarnos, a veces, de los localismos, e incidir en la energía alternativa, que tiene muchas posibilidades en Zamora, puede generar empleo. El turismo rural, la alimentación, la bioeconomía, la gestión del agua, de los ríos, la riqueza patrimonial enorme que tenemos, y la frontera hispano-lusa que debemos aprovechar para generar riqueza, debemos trabajar conjuntamente con el país vecino.

–¿Para qué otras áreas debe Zamora usar fondos europeos que frenen la desertización?

–La conectividad territorial resulta esencial, la banda ancha, pero también potenciar los servicios de sanidad y educación; y las políticas de dependencia, ya que puede haber mucha gente que se jubile y quiera venir a Zamora a asentarse. Los 350 millones que recibirá la comunidad autónoma de Europa se destinarán a mejorar esas áreas; a las pymes, a colectivos que lo están pasando muy mal con esta crisis.

–¿Qué potencialidades debe impulsar la provincia con esos dineros llegados de la UE?

–Debe pasar a ser una zona recurso, con la agricultura, la ganadería, la alimentación, la bioeconomía, las energías renovables, la conectividad que en 2025 tiene que estar funcionando al cien por cien. Todo esto tiene que hacernos mejorar, en un escenario en el que no se dé lo rural versus lo urbano, sino que se vean como complementarios. La pandemia ha cambiado la forma de pensar de muchas personas, dispuestas a vivir en el mundo rural, el uso de la tecnología ofrece posibilidades para aprovechar esa tendencia.

–Combatir la violencia de género ha sido una prioridad durante el confinamiento y en este tiempo de pandemia, ¿ha terminado el año con más denuncias?

–Este año, los maltratadores están incumpliendo en mayor número de casos las medidas cautelares de alejamiento de las víctimas y en los últimos meses está habiendo más detenidos por maltrato, pero aún no tenemos la estadística anual. El confinamiento fue un periodo muy duro porque la convivencia con el maltratador era continua, las 24 horas del día, y los hijos estaban presentes todo ese tiempo. Esta situación nos sigue preocupando. Hay más denuncias, pero falta mucho para que el número coincida con la realidad social.

Los zamoranos son ejemplares con las normas COVID, solo ha habido 6.000 denuncias

–¿Y en la provincia, cómo se articula esta lucha?

–Los ayuntamientos recibirán este año 312.000 euros del Estado para programas específicos en sus municipios.

–La pandemia derivó la prostitución a pisos en la ciudad, ¿cómo controla la Policía Nacional la actividad ilegal?, ¿hay algún piso próximo a demantelarse?

–Se han hecho varias actuaciones contra la explotación sexual, pero se complica porque los lugares donde se comete el delito se han dispersado al cerrarse los locales donde se ejercía la prostitución y es más complicado actuar, ya que es difícil si no hay una denuncia.

–¿Habría que pedir colaboración ciudadana para poder localizar esos pisos?

–Varios vecinos lo han hecho, es fundamental esa colaboración. Hay muy pocas denuncias y los casos que existen son estremecedores, es un problema real, cruel.

–¿Los zamoranos han sido responsables en esta pandemia?

–El cumplimiento de las normas es ejemplar, hay más de 6.000 personas expedientadas en nueve meses, es un número mínimo.