El Consejo Consultivo de Castilla y León ha abordado en la última reunión de este año, la ponencia especial creada para estudiar la conveniencia de que la Junta de Castilla y León incorpore un informe sobre impacto demográfico en el procedimiento de elaboración de sus normas.
La institución considera que la despoblación del medio rural es un reto social, político, económico y también jurídico, que ocasiona dificultades y costes de acceso al aprovechamiento equitativo de los recursos y beneficios que pueden derivarse de la aplicación de las normas y políticas públicas que promueve la comunidad.
Como superior órgano consultivo de la comunidad, la vertiente jurídica del problema tiene un especial significado en cuanto pone a prueba el sistema de derechos reconocidos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía, constituyendo, en el fondo, un verdadero desafío a la igualdad de oportunidades de los ciudadanos de Castilla y León.
Por este motivo, el Consejo Consultivo está ultimando un “informe a iniciativa propia” sobre este tema.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento de la institución prevé la facultad de realizar los estudios, informes o memorias que juzgue oportuno para el mejor desarrollo de sus funciones, y atribuye al Pleno la competencia para crear comisiones o ponencias sobre asuntos generales o materias específicas de especial relevancia para la Comunidad.
El Pleno del Consejo Consultivo está integrado por el presidente, Agustín S. de Vega, los consejeros electivos, María del Valle Ares y Francisco Ramos, y el consejero nato, Juan Vicente Herrera.
