La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha acordado solicitar una vez más al Ministerio de Justicia que adopte las medidas para garantizar la seguridad de los edificios judiciales de las personas que trabajan en los mismos y de los ciudadanos que a ellos acuden. La Sala ha resaltado que en los últimos años ha elaborado expedientes gubernativos por alteraciones del orden público en sedes judiciales y ha dictado acuerdos en los que solicitaba proteger dichos edificios. En concreto, había advertido del peligro que suponía que Juzgados situados en núcleos rurales y ajenos a cualquier tipo de medida de protección no tuviesen el auxilio de vigilantes de seguridad.

Para efectuar esta reclamación, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha recordado el caso flagrante de los juzgados de Puebla de Sanabria que, hasta en dos ocasiones, ha registrado altercados con personas que iban a ser juzgadas. El último de ellos, en este mismo año 2020. El alto tribunal de Castilla y León ha recordado al Ministerio de Justicia que tiene encomendada la custodia de las sedes judiciales y de las personas, y le ha requerido para que contrate a los vigilantes de seguridad necesarios para cumplir con su obligación. El objetivo final es el de proteger a quienes allí trabajan.