El Tribunal Supremo confirma el ingreso en prisión del exalcalde de Peleas de Abajo, Marcelo Jurado Rodríguez, para cumplir los 4 años que le impuso la Audiencia Provincial en julio de 2018 por el cobro de 14.559,51 euros en dietas sin justificar entre 2007 y 2009, tras el juicio con jurado celebrado en Zamora. El Supremo reproduce el argumento de los magistrados zamoranos que apunta que el exregidor se embolsó las cantidades sin tener en cuenta los reparos de la secretaria municipal y la advertencia de otras funcionarias, por lo cometió un delito continuado de malversación de caudales públicos que le reportó “un beneficio económico personal”. La sentencia confirma que el exmandatario municipal no podrá ostentar un cargo o empleo público durante 8 años tras no justificar esos gastos mientras fue alcalde de Peleas de Abajo, a cuyo Ayuntamiento deberá indemnizar en esa cantidad cobrada indebidamente, de acuerdo con el fallo, que confirma el último, emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al que también presentó recurso el exedil del PP.

Por contra, el Supremo absuelve al concejal, Bernardo Prieto Pascual, que había sido condenado por la Audiencia a 3 años de cárcel y 5 de inhabilitación al considerarle cooperador necesario del delito cometido por Jurado, ya que había firmado las órdenes de pago de las dietas del alcalde, ya que se considera que desconocía el destino de esos dineros. El Alto Tribunal apunta que “no se discute que percibió esas cantidades, y que en el acuerdo de percepción de dietas constaba la obligación de justificarlos, lo que no hizo a pesar de ser requerido por los funcionarios y de las advertencias o reparos de la secretaria Municipal”.

En su resolución, agrega que los no hay “documentos que demuestren que obedecían a actuaciones relacionadas con el cargo, y consta que la Secretaria municipal que le advirtió de la necesidad de justificar”,

Jurado Rodríguez reconoció en el juicio celebrado por la Audiencia de Zamora que “no se justificaron” los cheques “en los servicios prestados ni en facturas emitidas”, lo que la sentencia del Tribunal zamorano estima que “hubo un perjuicio” para el Ayuntamiento.

El jurado popular que halló culpable a Marcelo Jurado del delito de malversación de caudales públicos no dudó en su dictamen de que el político “cobró determinadas cantidades de la cuenta de la Administración municipal, las cuales estaban a su cargo” como máximo responsable que era del Ayuntamiento de Peleas. Y lo hizo “mediante los talones, con intención de hacer propias” esas cuantías, “sin justificación causal, a pesar de la obligación legal que tenía de acreditar que el importe respondía a las necesidades municipales.