Cada día una mujer denuncia a su pareja o a su cónyuge por maltrato en la provincia de Zamora, estadística que se mantiene inalterable en los últimos cinco años, de acuerdo con los datos facilitados por la Fiscalía de Violencia de Género y que se confirman con los 422 asuntos penales que tramitaron los juzgados durante 2019, recogidos por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Las acciones penales registradas en los seis primeros meses de este año por violencia machista, física psicológica y sexual, contra las zamoranas, con 156 asuntos sobre la mesa de los jueces, no se quedan muy a la zaga de esa media indicada por el fiscal de Violencia de Género en Zamora, Evaristo Antelo, y es más que posible que se igualen cuando concluya 2020. La mayor parte de esas denuncias, prácticamente, se cursaron en los meses de confinamiento, puesto que el 46,7% se produjeron entre abril y junio.
Los magistrados zamoranos firmaron 167 sentencias o resoluciones para solventar las causas civiles y penales que investigaron entre enero y junio de este 2020 para zanjar estos litigios.
Antelo, pone especial énfasis en que “ninguno de esos casos registrados desde enero es grave”. Y subraya que Zamora lleva siete años sin registrar un asesinato machista, tras el último ocurrido en Vegalatrave en abril de 2013, cuando un hombre mató a tiros a su mujer y su hijo mayor de edad. En cuanto al número de denuncias, cree que se mantendrá sin variaciones importantes, “no creo que la pandemia influya”, apostilla y reitera que los casos que lleguen a los juzgados superarán los 300 como viene siendo habitual, terminen o no en sentencia condenatoria.
El dato aún tiene que confirmarse, ya que, como indicaron psicólogos y autoridades, el confinamiento pudo retraer a muchas víctimas a la hora de acudir a la Policía Nacional, la Guardia Civil o el propio juzgado para ponerse a salvo de esa situación. La explicación de ese descenso de denuncias está en el control absoluto de los violentos sobre sus parejas que el “encierro” propició y al consecuente al aislamiento de ellas, factores que dificultaron la solicitud de ayuda y frenaron las acciones judiciales, de acuerdo con el análisis efectuado por los expertos.
Las demandas civiles han aumentado y son ya el 76% de las de todo el año pasado
La certeza de esas situaciones extremas para las mujeres que sufren esta lacra social llevó al Ministerio de Igualdad y a Interior a facilitar mecanismos para que pudieran sortear la vigilancia extrema de sus parejas, como el sistema AlertCops de la Policía Nacional y la Guardia Civil para enviar una alerta con geolocalización con el móvil, que se mantiene y el servicio de chat instantáneo para darles apoyo psicológico, además del teléfono 016 para efectuar denuncias sin dejar rastro en el terminal. Y se les permitió salir a la calle para denunciar o pedir ayuda.
El CGPJ, a escasas fechas de celebrarse el Día Contra la Violencia de Género el 25 de noviembre, no ha hecho públicos los datos del tercer trimestre, periodo en el que se podrá comprobar esa tendencia continuista en el número de denuncias que estima el fiscal especialista en la materia.
De lo que no cabe duda es del incremento de las demandas civiles en el primer semestre de este año, en el que se llevan contabilizadas el 76,1% de las registradas en todo 2019, que terminó con 21. En concreto, se registraron 16 (y junio terminó con 33 acumuladas), buena parte de ellas para resolver cuestiones relativas al régimen de visitas y pensión de alimentos.
Precisamente, la dependencia económica de sus maltratadores, que ellos mismos fomentan, resulta una carga para las mujeres víctimas de este tipo de delitos, como demuestra que el 95% de las 350 encuestadas por la Fundación Adecco considere el trabajo “un aliado para superar su situación”. La entidad sin ánimo de lucro, que trabaja por la inclusión social de colectivos de especial vulnerabilidad, recoge en el informe anual “Un Empleo contra la violencia” que el 52% de las maltratadas consultadas detecta que su condición sigue siendo “un gran estigma en las empresas”, que evitan contratarlas porque la falta de sensibilización hacia este grave problema lleva a “asociar” la violencia de género a “una personalidad insegura y/o problemática” de quien la sufre. Así, el 85% cree que tardará más de un año en encontrar una ocupación estable; un 54% prevé que la encontrará en uno o dos años; un 25% cree que tardará más de dos, y un 6% que no la encontrará nunca. Otro dato a destacar es que el 89% de las participantes se decantó por la modalidad presencial frente al teletrabajo por el “temor a quedarse aisladas en su domicilio” y “las dificultades para construir lazos y redes de apoyo sólidos” vía online.
El director general de Adecco, Francisco Mesonero, pone de manifiesto que “es fundamental impulsar políticas activas de empleo que empoderen a las víctimas, y estrategias de diversidad, equidad e inclusión que erradiquen etiquetas en procesos de selección” al objeto de “poner el foco en lo importante: valores y competencias de las candidatas”.
Dos procesados en prisión provisional y más de cien vigilados
Los jueces zamoranos mantienen en prisión a dos hombres por delitos de violencia de género a la espera de ser juzgados o de sentencia, según datos de la Fiscalía de Violencia de Género. Ese último caso es el de un hombre imputado por maltrato, al que su pareja denunció por violar a las dos hijas menores de edad de la mujer, nacidas de una relación anterior, procedimiento por el que está en la cárcel desde hace casi tres años, cuando se le detuvo. El Ministerio Público pidió a la Audiencia Provincial en enero una condena a 64 años de prisión por las dos agresiones sexuales y tres años de reclusión por el delito de violencia de género. Por otro lado, más de un centenar de hombres tienen órdenes de alejamiento como medida para preservar la integridad física y la vida de las víctimas en Zamora, explica el fiscal de Violencia de Género, Evaristo Antelo. La Fiscalía solicita activar ese mecanismo de protección para la mujer de forma provisional en la práctica totalidad de los casos que investiga y en todas las causas que acaban en un juicio contra el presunto maltratador. Las condenas a prisión por maltrato conllevan siempre la imposición de esa medida por parte de los jueces. La Fiscalía, sin embargo, no ha solicitado para ningún imputado la vigilancia con dispositivo GPS, la famosa “pulsera” que se coloca en un tobillo del procesado o condenado cuando existe un riesgo muy alto para la vida de la víctima. Este dispositivo permite mantener al investigado o condenado localizado las 24 horas del día y a la mujer estar conectada con una centralita que da aviso inmediato a Policía Nacional o Guardia Civil de que el maltratador se le ha aproximado, al igual que advierte de si se ha alterado o retirado el sistema de control.
