El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, acaba de anunciar en las Cortes la firma de un convenio de colaboración con el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCyL), con sede en el Consejo Consultivo de Zamora que preside Agustín Sánchez de Vega, con el fin de establecer un marco de colaboración para el intercambio de información y la consolidación de una senda de criterios comunes respecto de la interpretación y aplicación de la normativa contractual, así como contemplar posibles acciones formativas de interés para los empleados públicos de ambas instituciones en materia de contratación pública.
Amilivia significó que la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público abre una nueva etapa con la orientación estratégica de la contratación pública, que será objeto de estudio en futuras fiscalizaciones. Una nueva etapa en la que, además, la contratación queda fuertemente condicionada por las necesidades asistenciales y sociales derivadas de la pandemia, y en la que también incidirá la liberación de los remanentes acumulados en los últimos años por los ayuntamientos.
Amilivia valoró la colaboración con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control autonómicos por ser “expresión de garantía de calidad democrática en la supervisión del gasto público”. En segundo término, sobre la obligación legal de remisión de la información contractual, reiteró la preocupación por unos porcentajes de respuesta que admiten mucho margen de mejora. “Cumplir con las obligaciones legales para que podamos fiscalizar, en este caso, la contratación de las entidades locales, representa una garantía esencial de calidad democrática por la cual, atendiendo un principio elemental de transparencia, las entidades locales deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos”.
