La Fiscalía Provincial ha remitido ya al Juzgado número 5 de la capital las diligencias que abrió para investigar la gestión del jefe de jardines del Ayuntamiento de Zamora, Alberto Vega, por si hubiera incurrido en cuatro delitos durante los más de tres lustros que dirigió este área municipal. En concreto, el Ministerio Público ha recabado información para determinar si el funcionario pudo cometer malversación de caudales públicos; falsedad en documento público; fraude en la contratación y presuntas irregularidades en la adjudicación de obras relacionadas con parques y jardines.

La Fiscalía Provincial ha remitido todas sus actuaciones y las de la policía judicial a la juez por estimar que los delitos que investiga el juzgado son “conexos” con los que motivaron la apertura de sus diligencias. En lo que a la malversación de caudales públicos se refiere, las pesquisas se han centrado en el volumen de facturación de la adquisición de gasolina para vehículos que estarían bajo su control, unas actuaciones que partieron del informe elaborado por la propia viceinterventora del Ayuntamiento capitalino, que concreta “un exceso de consumo sin justificación aparente”, tal y como detalló recientemente el propio alcalde de IU en la ciudad, Francisco Guarido.

De los documentos recopilados sobre esta cuestión derivaría otra de las posibles infracciones penales que aborda ya la titular del Juzgado número 5, la falsedad en documento público y que estaría relacionado con la posible manipulación de las facturas de combustible que pagaba Parques y Jardines. La Fiscalía ha hecho llegar a la juez toda la documentación recogida por la policía judicial de la Comisaría de Zamora relativa a ese y al resto de posibles delitos que se trata de establecer si enturbiaron la gestión de Vega, relativos a contrataciones y adjudicaciones de obras programadas por su servicio.

Aunque ya existen informes, los expertos en este tipo de delitos continúan analizando la información en busca de posibles pruebas, dado lo voluminoso del asunto, que mantiene todavía en fase de estudio una parte de los expedientes municipales y otro tipo documentación recogida por la policía judicial. Se está trabajando a contrarreloj, dada la limitación de las fases de instrucción de los asuntos judiciales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, cuando se excede en seis meses, obliga a solicitar la complejidad de la causa para poder mantenerla abierta durante 18 meses.

A la judicialización del expediente disciplinario abierto por el equipo de Gobierno de IU al jefe de Jardines por presuntas irregularidades en noviembre de 2019, se sumó la denuncia que la viceinterventora realizó directamente en la Fiscalía por considerar que el empleado público podría haber incurrido en los delitos mencionados. La intervención municipal remitió un informe en el que apuntaba la posibilidad de que el responsable técnico de Parques y Jardines hubiera podido falsear documentos público y causar “quebranto de la hacienda” municipal.

COMPETENCIAS LIMITADAS A PESAR DE CONSERVAR LA JEFATURA

El jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega, investigado por presuntos delitos cometidos en su gestión al frente de uno de los servicios de mayor presupuesto municipal ha visto limitadas sus competencias, a pesar de conservar la jefatura porque, de lo contrario, el Ayuntamiento de Zamora debería modificar la Relación de Puestos de Trabajo de la institución. De modo que, después de una baja médica de diez meses, tras abrir el Consistorio el expediente informativo en noviembre de 2019, el funcionario investigado se incorporó a su trabajo como jefe de Jardines, pero bajo la supervisión del jefe de área de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Salud Pública y Patrimonio nombrado por decreto de Alcaldía el 7 de noviembre de 2019, quien se encarga de la “dirección, coordinación, organización y planificación de la gestión” de ese servicio.