La “mala praxis” de un dentista zamorano con una de sus antiguas pacientes, que terminó sin dentadura, sin los implantes y puentes colocados a lo largo de 20 años, comenzó en 1998 , cuando el médico inició un tratamiento terapéutico con retirada de piezas dentales originales para colocar implantes y tres prótesis fijas.
Dieciséis años después, “sin estudio alguno, ni radiografía, TAC, ni pantomgrafía de la boca” de la mujer para conocer el estado de la dentadura, hueso y piezas, y “averiguar la causa del fracaso” del tratamiento anterior, el médico decidió, “sin prueba diagnóstica alguna”, colocar nuevos implantes. “El error de diseño” del tratamiento “viene provocado por un inadecuado diagnóstico”, según la condena de la Audiencia Provincial, por no usar las técnicas existentes para determinar si podía acudir a esa técnica. El resultado inesperado para la paciente fue idéntico al de la anterior terapia: un fracaso. El conocido odontólogo de la capital nunca llegó a hacer la prueba para conocer si el hueso de la mandíbula de su paciente tenía la densidad adecuada para aguantar la técnica de implantología y las prótesis fijas, reprocha el fallo judicial.
La sentencia de la Audiencia, ante la que cabe recurso, concluye que este proceder “es contrario a las más elementales normas objetivas de cuidado o de la lex artis ad hoc respecto de las intervenciones odontológicas”. Lo que viene a significar que el médico fue negligente a la hora de actuar sin evaluar y diagnosticar.
Junto a la pérdida de la dentadura, la zamorana se dejó 29.120 euros en la consulta del odontólogo, cantidad que reclamaba a quien había sido su dentista de confianza durante años, una cantidad que la Audiencia ha dejado en 18.620, la correspondiente, según los magistrados, al coste de las piezas ya repuestas.
A pesar de las reclamaciones de su clienta y de sus reiterados requerimientos para que tomara alguna medida que frenara el proceso de deterioro de su dentadura y de exigirle su historial, indica el abogado de la mujer, Roberto Gómez Calle, el profesional ni siquiera se planteó el “estudio preliminar de la boca de la paciente”.Los jueces echan de menos en su sentencia “un diagnóstico”, así como “un programa de actuación a seguir” para acotar el problema que estaba sufriendo la mujer y que se agudizó en 2014, cuatro años antes de que decidiera denunciarle por negligencia, explica Gómez Calles.
Las únicas radiografías que obtuvo el Juzgado de Primera Instancia -que le condenó a abonar los 29.120 euros que la Audiencia deja ahora en 18.620 euros- se remontan a 2009, “siete radiografías, todas anteriores a abril” de ese año, “y una hoja”, documentación que “pone de manifiesto la inexistencia” de un seguimiento adecuado de la evolución de la dentadura de la paciente y de los posibles problemas de salud bucal.
Por no tener, el dentista no tenía ni el seguimiento de la paciente que llevaba en su manos desde hacía casi 20 años. Tan solo “una hoja resume la evolución del tratamiento realizado, el porqué de la pérdida de los implantes y la decisión de instaurar unos nuevos a partir de 2014, a pesar del fracaso de los anteriores”.
Desde 1998, el dentista coloca a la denunciante cuatro piezas de ese tipo; en años posteriores le extrae varias piezas dentales propias, en concreto otras cuatro que estaban en mal estado, subraya la sentencia. De 1999 a 2002, decide poner un tratamiento a esta zamorana, que en 2004 se somete a la colocación de dos prótesis fijas, mientras que algún implantes comienzan a descascarillarse y se rompen, según los hechos probados en la sentencia.
El serial de errores prosigue en 2008, cuando el odontólogo retoma el tratamiento y al año siguiente considera que debe extraer nuevos dientes propios a la paciente, dos en la arcada superior y otros dos en la inferior. Y coloca otros dos implantes. En 2010 y 2012, tiene que reponer dos de los primeros, así como colocar uno más.
La zamorana pierde dos de las piezas de cerámica en 2014; le reponen otra en 2016; en 2017 es sometida a una regeneración ósea y el odontólogo le coloca una prótesis nueva, pero poco después “fracasa el tratamiento”. La mujer denuncia al dentista, sin posibilidad de que admita de forma voluntaria todo el daño causado, aunque le llega a decirle, sin cumplirlo que su seguro le indemnizará. Si tiene nuevos gastos generados por la mala praxis de su exdentista, deberá volver a los juzgados.
