La constructora de los aparcamientos subterráneos de la plaza de la Constitución y el parque de San Martín tendrá que pagar 1,6 millones de euros al Ayuntamiento de Zamora después de casi veinte años de gestión sin abonar el pertinente canon, sin resolver las deficiencias de la instalación y habiendo sacado rendimiento de la venta de plazas. Así lo ha decidido en una sentencia el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que ha fallado a favor de los intereses municipales en un engorroso asunto en el que la empresa Iridium, filial de Urbaser, llegó a solicitar hasta 20 millones de euros de indemnización para resarcir el perjuicio de una adjudicación anulada por el Tribunal Supremo en el año 2006. Un extremo negado ahora en los tribunales.
El actual equipo de Gobierno nunca estuvo por la labor de pagar esa indemnización que Iridium pidió por primera vez en 2015 y fue en 2018 cuando hizo cálculos. Según un informe encargado a instancias municipales, no solo no se debían pagar los veinte millones, sino que la empresa debía resarcir 2,5 millones por diversos incumplimientos. Una cifra que rebaja ahora el Contencioso-Administrativo hasta los 1,6 millones de euros, pero que deja cierto sabor de victoria en el Consistorio.
El alcalde, Francisco Guarido, ha señalado que la sentencia refleja “la buena gestión realizada por el equipo de Gobierno” a la hora de defender los intereses municipales. “Es un asunto que ha resultado muy favorable para las arcas públicas y que podía haber sido totalmente ruinoso para la ciudad en el caso de haber prosperado la reclamación de Iridium”, ha señalado. La sentencia todavía es recurrible durante quince días en el Tribunal Superior de Justicia.
El conflicto de los aparcamientos viene de largo. Fue en los años 2001 y 2002 cuando terminaron de construirse los de San Martín y Constitución respectivamente por parte de Urbaser, que recibía derechos de explotación durante 33 años. No obstante, el contrato fue anulado en el año 2004 por el TSJ y quedó ratificado en 2006 tras los recursos, dejando a la adjudicataria explotar los servicios hasta la licitación de un nuevo contrato.
LA EMPRESA LLEGÓ A PEDIR 20 MILLONES PARA RESARCIR DAÑOS ECONÓMICOS
Las cuentas municipales sobre quién debía indemnizar a quién arrojaron una cifra de 2,5 millones a favor del Ayuntamiento que finalmente ha quedado reducida a 1,6 millones por sentencia judicial. En ese montante, el informe económico del Consistorio incluía una subvención europea de 1,1 millones que, según llegó a las arcas municipales, se trasladó a la empresa. Además, habría que sumar 497.000 euros por desperfectos no subsanados en San Martín y otros 122.000 por lo mismo en la Constitución. Y, a mayores, 127.000 euros de la venta de 20 plazas de aparcamiento. Por último, se calculó que la empresa ha dejado de pagar 2,3 millones de euros en concepto de canon desde que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia. En total, y teniendo en cuenta que la empresa Urbaser pagó 1,6 millones por construir el aparcamiento de San Martín y 1,5 millones por el de la Constitución, el dinero que la adjudicataria debería a las arcas municipales se situaría en esos 2,5 millones de euros.
