Zamora puede enfrentarse en los próximos horas a medidas más restrictivas de las que tiene actualmente para hacer frente a la pandemia COVID, ya que algunos de sus indicadores superan ya claramente los parámetros establecidos para los niveles altos de riesgo, según la catalogación adoptada por el Consejo Interterritorial de Salud que apoya la Junta de Castilla y León.

Así, Zamora capital, Benavente o Toro superan claramente la incidencia de 250 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, las PCR dan un porcentaje de positivos superior al 5% o el nivel de ocupación del hospital es muy alto, por poner solo algunos parámetros. No obstante el documento habla de una aplicación dinámica y adaptada a cada caso, por lo que las medidas concretas a adoptar en el caso de Zamora no tendrían por qué ser de las más drásticas. En todo caso, los niveles altos de alerta (van del 1 al 4) suponen restricciones de movilidad social, control de aforos y horarios, fundamentalmente.

Un aspecto relevante para el control de la pandemia en Zamora es el referido a la valoración de municipios o territorios pequeños, especialmente de menos de 5.000 habitantes. El acuerdo indica que debe hacerse siempre de forma muy local y basada en el contexto y la situación de cada lugar. En este sentido, más que establecer niveles de riesgo, se deben adoptar medidas muy adaptadas y dirigidas a las características de la situación epidemiológica y de riesgo en cada territorio.

Así, en estos casos de territorios pequeños, además de los indicadores generales, se tendrán en cuenta los siguientes: el número, la tendencia y la velocidad de cambio de los casos diagnosticados en los últimos 7 y 14 días; la proporción de casos nuevos asociados a brotes; la tasa de ataque secundaria; y la existencia de puntos calientes (debido al número de brotes, sus características y su situación de control; a la afectación de residencias socio-sanitarias o de poblaciones especialmente vulnerables).

EL RECHAZO DEL MINISTERIO OBLIGARá A SANIDAD A UNA NUEVA ESTRATEGIA

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, estaba convencido a mediodía de que el Ministerio de Sanidad avalaría las medidas de toque de queda, pero tras el Consejo Interterritorial está claro que de momento la opción no va a ser automática. Por tanto la Junta, que había aplazado el confinamiento de Ponferrada a la espera de estas nuevas medidas, tendrá que variar de estrategia, sobre todo porque no puede aplicar por ella misma la medida del toque de queda, sino que depende de que el Gobierno central declare en estado de alarma e incluya esa restricción de derechos entre los que se incluya esta posibilidad. Igea se mostró contundente en la exigencia del toque de queda, petición que ha hecho llegar por carta el propio presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, al ministro de Sanidad, Salvador Illa. Y que tendrá ocasión de reiterar cara a cara, ya que el alto cargo del Ejecutivo central se reúne hoy en Valladolid con el presidente castellano y leonés. De momento, Castilla y León sí acepta el conocido como sistema de semáforos, es decir, colocar a cada zona con un color según unos indicadores para aumentar o disminuir las restricciones o con otras medidas, como el cierre de bares a las 23.00 horas. Las medidas restrictivas serán distintas para las localidades grandes que para los pueblos de menos de cinco mil habitantes, aunque se da por seguro que se van a endurecer respecto a las actuales.