La Fiscalía de Zamora valorará “si tiene que intervenir en vía civil” en las residencias de Villarrín, Corrales y Villar del Buey una vez que analice los informes solicitados a la Gerencia de Servicios Sociales sobre la “incidencia” del COVID-19 en esos tres centros de la provincia, según han indicado fuentes judiciales a este diario. El Ministerio Público espera esos “informes, en diligencias civiles”, para conocer las circunstancias en las que se encuentran los ancianos, a fin de determinar “si en algún momento hay que intervenir en vía civil a favor de las personas en situación de vulnerabilidad y actuar con medidas de protección”. Esa información servirá, asimismo, para establecer “si en un momento dado hay que ejercer la tutela desde la Fiscalía, para velar por esas personas y sus derechos”.

La acción del Ministerio Público se produce ante la situación delicada que se vive en los centros de Villarrín, Corrales y Villar del Buey, esta última ya bajo supervisión de la Junta y del propio Ayuntamiento, que encargó el fin de semana a una tercera empresa privada la gestión temporal del centro de Santa Marina. La Fiscalía desconoce las causas concretas que han llevado a tomar la decisión adoptada por el Consistorio a instancias de la Junta al quedarse la actual adjudicataria con solo dos trabajadores, tras los contagios sufridos por el resto de empleados en las últimas semanas como consecuencia del brote registrado en Villar del Buey.

El objetivo del Ministerio Público, con competencias para velar por la integridad física y moral de colectivos especialmente vulnerables, como discapacitados y ancianos, espera a conocer al detalle cómo ha afectado la pandemia a los residentes hospitalizados a causa del virus o que se mantienen en esos tres centros bajo estrecha vigilancia médica por ser positivos tras las PCR que se les ha efectuado. El Ministerio Público pretende saber cómo está afectando la situación a los mayores que se mantienen sin ningún síntoma en las residencias, conviviendo en las “zonas limpias” de los centros. Por el momento, la Junta de Castilla y León no ha informado de su actuación en estos centros de mayores al Ministerio Público. Este órgano judicial tiene competencias en el control sobre las condiciones en las que están viviendo los ancianos, puesto que está obligado por Ley a “proteger a personas mayores y a ciudadanos con discapacidad y vulnerables”. Esta acción se ejecuta a instancias de la fiscal de sala del Tribunal Supremo “en cualquier circunstancia”, no solo por el coronavirus, indican las mismas fuentes, si bien es especialmente exhaustiva tras la irrupción des virus.

El control del órgano judicial con expediente o diligencias civiles se basa en la información de los centros asistenciales; y, en los domicilios, con las trabajadoras sociales y los centros de salud.