“Es ya una frase que corre de boca en boca, como tópico obliga-do en tertulias, paseos, cafés y lo que es peor aún en determinados centros más o menos oficiales «Hay que barrer al Magisterio»”, se leía en el diario Imperio en el otoño de 1936. El anónimo periodista matizaba la idea pidiendo que no se generalizara el escarmiento contra este colectivo, que en nuestra provincia era mayoritariamente conservador. Sin embargo, el proyecto de cirugía social que inspiró a los militares a sublevarse conllevaba una represión brutal que las instrucciones del general Mola expresaba como “castigos ejemplares” y que en el caso de los maestros se manifestaría expulsando de la enseñanza a aquella minoría que se había comprometido con el proyecto educativo republicano y exterminando a los que militaban o colaboraban con organizaciones obreras. Hablamos de un sector minoritario pero significativo: de los más de 900 maestros y maestras que en nuestra provincia fueron sometidos al proceso de depuración, 139 fueron sancionados y el número de asesinados supera los cuarenta.

Un objetivo prioritario

De la importancia que los sublevados otorgaban a este sector es indicio que el primer “paseado” del que tenemos noticia en la provincia fuera Ildefonso Jambrina, maestro de Villalazán, el 25 de julio, y en la primera “saca” de la cárcel de la capital estuviera Valentín Ferrero, director pedagógico del hospicio, “hallado muerto” el 4 de agosto. Cuando el teniente coronel Raimundo Hernández Comes, proclamado gobernador civil por los gol- pistas, publicó un el 27 de agosto una resolución separando del servi- cio a 123 maestros y maestras por considerar su actuación “en extremo perniciosa”, nueve de ellos ya habían sido asesinados. Otros siete les seguirían en el mes siguiente, en algunos casos en ejecuciones públicas tras ser condenados en con- sejos de guerra por la “justicia” de los militares golpistas (los cursillistas José Ferrero Miranda y Juan Fernández Domínguez y Jerónimo García Vara, maestro de Carbajales de la Encomienda).

El 27 de septiembre

Pero de todas estas fechas, pocas tienen una carga de simbolismo más trágico que el 27 de septiembre de 1936. Ese día fueron asesinados siete docentes de enseñanza primaria: cuatro maestros -Antonio Fernández Borrego, Ángel Martín Rodríguez, Ricardo Reguilón Rodríguez-, una maestra –Engracia del Río de la Vega- y dos cursillistas o maestros titulados en prácticas: Manuel Vicente Carbajal y José Domínguez Gamón.

Aun tratándose de ejecuciones extrajudiciales, estas terribles noticias circulaban con fluidez por Zamora, y está claro que quienes ordenaron matar a siete maestros en un mismo día buscaban generar un efecto ejemplarizante en la opinión pública y especialmente en el colectivo docente: no apartarse en lo sucesivo del recto camino de la en- señanza nacionalcatólica. Aunque en la frialdad de los números generados en aquel contexto de brutalidad no nos llame la atención a simple vista, sin duda la matanza del 27 de septiembre quedó marcada en la memoria colectiva por la significación de sus víctimas, por su juventud y por ser bien conocidos en la vida pública de los años anteriores.

Dominical Zamora

Dominical Zamora

La mayoría de las víctimas de ese día se encontraban como detenidos gubernativos, sin causa abierta por la justicia militar, en la cárcel de partido judicial de Bermillo de Sayago, y tras ser “entregados a las milicias fascistas por orden superior”, según el director de la cárcel, Vicente Peláez Bernabeu, fueron asesinados en la noche del 26 al 27, inscritos en el registro civil como muertos “por arma de fuego” y enterrados en el cementerio de Ber- millo.

Matanza en Bermillo

El mayor de ellos, y del que ha quedado una memoria más persistente, era Antonio Fernández Borrego, y tenía 34 años en el momento de su muerte. Natural de Riego del Camino, ejercía la enseñanza en La Tuda desde dos años antes y en marzo de 1936 había participado en la fundación de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza en Zamora. En los primeros momentos del golpe militar de julio de 1936, algunos vecinos del pueblo escuchaban las noticias en la radio del maestro, una de las pocas que había en el pueblo. Detenido y trasladado a la cárcel de Bermillo pocos días después, inmediatamente se iniciaron en el pueblo movimien- tos, tanto a favor como en contra del maestro. El 10 de agosto, un numeroso grupo de alumnos dirigió a las autoridades un pliego de firmas –la primera era la de su discípulo Herminio Ramos, que con el tiempo llegaría a ser también profesor- pidiendo su puesta en libertad, en el que se decía de él que “en ningún momento se han dado enseñanzas que hayan despertado odios socia- les a los niños, habiendo observado el susodicho maestro una conducta inmejorable en su vida particular”. Por el contrario, el alcalde informaría que Fernández Borrego “inculcaba ideas extremistas en los niños perturbadoras de sus conciencias despertando en los mis- mos sentimientos sociales de odios y comunistas” y lo acusaría de ha- ber sido interventor del Frente Po- pular en las elecciones.

Tras su asesinato, la Comisión de Depuración del Magisterio le incoó un expediente que finalizó con la Orden pu- blicada el 22 de enero de 1940, por la que se le imponía la sanción de “separación definitiva del servicio y baja en el escalafón”. Herminio Ramos, que con el tiempo llegaría a ser también maestro, ha preservado para la posteridad la memoria de Antonio Fernández, a través de sus cuadernos de rotación, actualmente depositados en el archivo.

Movimiento estudiantil

Movimiento estudiantil

Junto a Antonio fueron asesinados cinco jóvenes titulados de la Normal: Ricardo Reguilón Rodríguez, de 23 años, natural de Arquillinos que, recién licenciado del servicio militar afrontaba su futuro profesional y su vida junto a su novia, Amelia Calleja (su hermano menor, Manuel, también fue destituido); Manuel Vicente Carvajal, de 21 años, natural de Zamora, el alumno más destacado de su promoción en la Escuela Normal, ganador del premio Requejo; Ángel Martín Rodríguez, de 21 años, natural de Venialbo; y José Domínguez Garmón, de 22 años, natural de Zamora.

En la misma “saca” murieron otros tres hombres: Ángel Álvarez Río, de 21 años, natural de Tolilla, acusado de haber ayudado a cruzar la frontera al maestro de su pueblo, Antonio González Fernández; Crescencio Reguero Mielgo, de 19 años, natural de

San Vicente del Barco; y Manuel Manjón Leal, sastre de 45 años, natural de Zamora y vocal del jurado mixto de vestido y tocado por la UGT.

Antonio Fernández Borrego

Antonio Fernández Borrego

Engracia del Río

No parece casualidad que aquella misma madrugada se produjera una séptima víctima entre el colectivo docente de la provincia, con el asesinato de Engracia del Río de la Vega, de 27 años, natural de Aspariegos y maestra de Fermoselle.

La historia de Engracia es un paradigma no sólo de la represión contra el magisterio sino también de la represión de género, en su doble aspecto, por la violencia física ejercida contra ella y por la violencia simbólica que representa que esta figura haya quedado en el olvido tras pasar por la calumnia y la ignominia. Solo su familia de Argentina (donde ella vivió al final de sus

estudios) y algunas de sus alumnas supervivientes han conservado su memoria.

Desde muy joven desarrolló inquietudes políticas: en 1931 representaba a las alumnas de Magisterio en la Asociación Profesional de Estudiantes (F.U.E.) de Zamora, y en 1933 participó como oradora en la campaña del Partido Comunista para las elecciones generales de noviembre. Desde mayo de 1933 coordinó como vicepresidenta la Universidad Popular creada por la asociación estudiantil, un intento de extender la educación al conjunto de la sociedad, más allá del ámbito de las instituciones docentes, y de ampliar la formación cultural de la clase trabajadora, “para que el trabajador pudiera en sus ratos de ocio recibir la enseñanza que no pudo aprender en su infancia (…) enseñándole también a pensar por sí mismo y ponerle en condiciones de emanciparse y saberse conducir sin necesidad de «guías» en la vida”. En 1935 obtuvo destino en Fermoselle. La impresión que causó su llegada al pueblo quedó inmortalizada en un pasaje del libro “Donde Sayago termina: Fermoselle”, de Luis Cortés Vázquez:

“Don Ambrosio, el cura, ha interrumpido

rápidamente para decir:

(…) ¿Saben ustedes, (…), que la nueva maestrita que vino de Zamora,

para sustituir a doña Carola, ha fumado esta tarde un cigarro en la

escuela, delante de las niñas? Naturalmente todos están al corriente de la nueva, que ha dado la vuelta al pueblo en unas horas, entre cuchicheos escandalizados. Don Felipe el Teniente, (…) dice a Don Ambrosio: No olvide usted, que estamos en República”.

Esta conversación, que en el libro parece inofensiva, adquiere un tono ominoso a la vista de los acontecimientos

posteriores, en los que los cotilleos de rebotica serían determinantes para la vida y la muerte de la aludida, con

la diferencia de que quienes aquí aparecen hablando en torno a una mesa camilla se convertirían pocos meses después en denunciantes e informantes.

Después de julio de 1936 cayó sobre Engracia todo el peso de la represión. Cesada en agosto por la misma Orden del Gobernador civil, fue detenida y trasladada a la prisión provincial, donde sufrió un calvario de abusos y de donde fue

sacada por falangistas que la asesinaron el 27 de septiembre junto a otra mujer de 26 años, Graciliana Calvo Toledo, madre de una hija, que había sido detenida al no encontrar a su marido. Con ellas se iniciarían las sacas de la sección de mujeres de la cárcel provincial, en un clima de terror del que dejó vivo testimonio Pilar Fidalgo, también maestra, en su libro “Una joven madre

en las cárceles de Franco”, publicado en Francia e Inglaterra en 1938. Pilar pudo recobrar la libertad

en 1937 y murió, ya anciana, en el exilio. A partir de noviembre de 1936, la Comisión de Depuración del Magisterio, presidida por Pedro Gazapo, catedrático jubilado del Instituto, y formada por militantes de Acción Católica y ACNP, se sumaría a la represión contra los docentes para legitimar destituciones, asesinatos y encarcelamientos y para pisotear todavía más la memoria de las víctimas, especialmente en el caso de mujeres como Engracia del Río, a quien los consabidos informes del párroco, del comandante de puesto de la Guardia Civil y de vecinos de derechas no sólo cuestionaron sus ideas políticas y su práctica pedagógica sino también su conducta particular, por lo que tres años después de su asesinato se la incluyó en la Orden que, junto a Antonio Fernández Borrego y a otros 37 docentes zamoranos, la declaraba separada definitivamente de la enseñanza.

Fue el último agravio póstumo a quienes habían sido asesinados tres

años antes.