El Juzgado de lo Social estudia si el Ayuntamiento de Zamora ha restado competencias y modificado las condiciones de trabajo al coordinador técnico de Medio Ambiente propias de su puesto de trabajo para dárselas al jefe de las áreas municipales de Urbanismo, Obras, Medio Ambiente, Salud Pública y Patrimonio, una acusación que el equipo de Gobierno de IU niega en todos sus extremos.

El Ayuntamiento argumenta que se cumplió con toda la legalidad cuando se nombró al jefe de áreas y que es el Pleno de la institución el que “marca las directrices de organización de la institución y que los empleados públicos tienen que someterse a la decisión política de ese órgano” soberano de esta Administración, apuntan fuentes municipales. Es decir, en términos laborales, “el Ayuntamiento es la empresa y la gestiona el Pleno con arreglo a la ley. Los funcionarios tienen la estricta obligación de cumplir con esas decisiones que adopta la Corporación en Pleno”, indican las mismas fuentes.

En la declaración del alcalde, Francisco Guarido, se especifica que el Pleno aprobó hace cinco años, el 24 de septiembre de 2015, el nombramiento del Jefe de áreas de la institución local, del que depende el coordinador, al igual que el resto de responsables de los servicios municipales mencionados, por lo que la decisión, al margen es firme. Y no es recurrible en estos momentos, concluidos los plazos legales para plantear objeciones. Por contra, el demandante, personal laboral fijo del grupo 1, aduce que su puesto de trabajo solo puede depender directamente del concejal de Medio Ambiente, “pero es un empleado público que tiene que estar a lo que diga el Pleno, que modificó la RTP”.

Las condiciones laborales no han cambiado, “tiene el mismo sueldo y las mismas funciones, no se le han modificado nada”, argumentó el Consistorio para negar que el empleado público haya visto mermadas sus atribuciones. De hecho, los contratos de los servicios de saneamiento, de aguas y de basuras dependen de este empleado.

El Consistorio emitió un certificado para aportar en el procedimiento abierto en el Juzgado de lo Social en el que el secretario accidental de la institución local recoge que, una vez consultado el departamento de Personal, el puesto de trabajo de coordinador técnico de Medio Ambiente “no ha sufrido modificación alguna en las Relaciones de Puestos de Trabajo (RTPs) aprobadas”, de modo que “las funciones que detenta son las que se reflejaron en las sentencias judiciales de este orden social y que constan en su expediente personal y que se mantienen a la fecha actual”.

El departamento de Personal añade en ese documento que “no se ha producido ningún tipo de movilidad funcional, ni geográfica ni de condiciones sustanciales, a salvo de las modificaciones legales derivadas de la preceptiva aplicación de la legislación estatal referida a jornada o retribuciones cuya competencia ostenta el Estado”. En definitiva, que el empleado público no ha visto alteradas ni sus competencias ni sus retribuciones.

En el juicio prestaron declaración como testigos el interventor municipal, que manifestó desconocer el asunto en cuestión porque en esa fecha estaba de baja; y el secretario general que recabó el informe de Personal que contradice los términos de la demanda. El concejal de Medio Ambiente, Romualdo Fernández, testificó para reiterar que el coordinador mantiene sus funciones y las cuestiones relativas a los servicios de aguas, saneamiento y basuras, las que aborda directamente con el demandante como coordinador técnico que es del área que él dirige como edil.

Romauldo Fernández manifestó que en ningún momento el empleado público demandante ha perdido las competencias propias de su puesto de trabajo.

En la vista oral, también declaró el jefe de las cinco áreas mencionadas, las de mayor peso y partida presupuestaria del Ayuntamiento de la capital, cuyo nombramiento efectuado en el año 2015 ha provocado la demanda del coordinador técnico de Medio Ambiente. Hasta el acuerdo del Pleno de septiembre de ese año, este funcionario era coordinador del área de Urbanismo y Obras del Consistorio, un acuerdo que contó con 15 votos a favor del equipo de Gobierno de IU-PSOE, del grupo de concejales no adscritos y de Ciudadanos; y con las 10 abstenciones del grupo de la oposición del PP.