El Ayuntamiento de la capital recibiría 10,3 millones de euros de los 49,92 millones que llegarían a todos los municipios de la provincia de remanentes de Tesorería para gastos generales y la Diputación Provincial 21,6 millones, tras el acuerdo del Ministerio de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que permitiría usar un 35% del dinero voluntariamente aportado de sus remanentes a la Administración General del Estado. Por su parte, Benavente llegaría a obtener 952.140,1 euros, mientras que Toro tendría acceso a 150.227,2 euros; Puebla de Sanabria, 928,843,2 euros, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno en Zamora.
El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, recuerda que esos fondos están retenidos desde hace ocho años a raíz de la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En su opinión, el acuerdo alcanzado con la FEMP es, a todas luces, positivo, puesto que permite mejorar la financiación de ayuntamientos y diputaciones, para que puedan hacer uso de importantes cantidades que podrán destinar a gastos que revertirán directamente en la ciudadanía, relacionados con el medio ambiente y la movilidad sostenible, refuerzo de los servicios sociales y en promoción de la cultura, por ejemplo, un sector fuertemente castigado por la crisis del coronavirus y que ahora lo necesita más que nunca.
El delegado entiende que quien se opone a ratificar el acuerdo, que se vota mañana, jueves, en el Congreso de los Diputados, demostrará una única intención, que no es otra que la confrontación gratuita con el Gobierno, a costa de perjudicar a ayuntamientos y diputaciones y en consecuencia a la ciudadanía, a la que revertirán esas cantidades de forma directa.
En definitiva, señaló Izquierdo, “la alternativa a la propuesta del Ministerio, es básicamente, cero”, puesto que si no sale adelante, las entidades locales no podrán disponer de un solo euro de esos fondos, y en consecuencia, por tanto, se frena un importante impulso a la economía local.
La Participación en el Fondo será proporcional a la cantidad de los remanentes voluntariamente aportados por cada entidad al préstamo a la Administración General del Estado, que esta devolverá íntegro en un plazo de 15 años, de modo que, de esos 5.000 millones que el Estado transfiere a fondo perdido (2.000 millones en 2020 y otros 3.000 en 2021), quienes participen se asegurarán una cantidad mínima de “la tarta que va a repartirse”, el 35% al menos de la que hayan acreditado, que puede ser mayor si no participan todos.
