El COVID obliga a la tarea de cuadrar el círculo, al menos en términos económicos. En un contexto de aumento del gasto público como el actual, con medidas de protección social más elevadas ante un creciente porcentaje de la población necesitado de ayudas, el Estado se encuentra con una caída de los ingresos sin parangón en los últimos años. Sucede a nivel estatal, regional y también provincial. Los últimos datos, referidos al segundo trimestre de este año, hablan de una caída de ingresos del Estado en Zamora de más del 142%. Si se comparan los datos del año pasado con los de este, el fisco ha dejado de ingresar 4,7 millones de euros en la provincia. A nivel regional el dato roza los doscientos millones.

Por su enorme repercusión en las finanzas públicas hay que destacar lo sucedido con el Impuesto sobre el Valor Añadido. El IVA, que grava directamente el consumo, es el gravamen que más sufre en un contexto de crisis económica como el actual. De hecho, la recaudación por este concepto se ha reducido a menos de la mitad, algo que no sorprende a nadie pues comercios y bares han estado cerrados durante buena parte del segundo semestre. El IRPF se resiente también y lo hace al amparo del aumento de los ERTE, así como el Impuesto de Sociedades, que grava el beneficio de unas empresas que luchan por no tener pérdidas más que por ser rentables. Los impuestos especiales también se desploman, pero su importancia total dentro del cuadro fiscal general es mucho menor.

Ya a nivel regional, el análisis es similar. La declaración del estado de alarma, la parálisis económica posterior y las medidas de aplazamientos tributarios impactaron directamente en la recaudación del Estado en la comunidad durante el segundo trimestre del año, cuando los ingresos en Castilla y León se desplomaron un 45,1%, hasta los 240,2 millones de euros. Este dato revela una merma en los ingresos tributarios en Castilla y León cercano a los 200 millones de euros entre abril, mayo y junio.

El Impuesto sobre Tráfico Exterior representó unos ingresos a la Agencia Tributaria de 3,46 millones de euros, que suponen una bajada del 28,6%, con 1,39 millones menos respecto a 2019.

Por último, el Capítulo III (tasa radioeléctrica, recargo de apremio, intereses de demora y sanciones tributarias), sumó a la cuenta de Hacienda, un total de 5,57 millones de euros, y se desplomó un 58,3%, con 7,79 millones menos recaudados que en 2019.

Por provincias, la recaudación global del Estado se contrajo en Ávila (1,7 millones menos), un 254,9%; y en Zamora (-1,4 millones), un 142,3%. Asimismo, se desplomó en León (19,5 millones), un 57,5%; en Valladolid (63,7), un 52,8%; en Burgos (75,7), un 42,6%; en Palencia (19,8), un 35%; en Salamanca (30,7), un 33,5%; en Soria (15,3), un 32,5%; y en Segovia (18,3).

EL BUEN COMPORTAMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE SUAVIZA EL GOLPE

La cifra se amortigua y bastante en el acumulado de los seis primeros meses del año, cuando se recaudaron 1.374,2 millones de euros, con un descenso del 6,4%, respecto a los 1.467,8 del año anterior. Y es que el año empezó con un enero y febrero con aumentos recaudatorios de dos dígitos (se elevaron un 11,5 por ciento esos dos meses), para para pasar a marzo con la llegada de la pandemia en toda su crudeza a un porcentaje negativo, pero de forma moderada, con un descenso del 2,7%.

La recuperación paulatina de la actividad también se nota en los datos recientes ya que en junio, si este año se produjeron devoluciones por 87,5 millones netos, en 2019 alcanzaron los 97,67, es decir, el mes aporta al crecimiento global (10,4%).

A pesar de todo, las cifras del segundo trimestre analizadas por Ical, no dejan lugar a dudas sobre el alcance de la situación de crisis sobrevenida, sobre todo en su impacto sobre el consumo y su reflejo en el IVA. En concreto, ponen de manifiesto, que la recaudación por este tributo indirecto alcanzó entre abril, mayo y junio, algo más de 80 millones, 106,6 menos que en el mismo periodo del año anterior, y una vertiente porcentual negativa del 57,1 por ciento. Los impuestos especiales registraron una cifra negativa de 4,3 millones de euros, cuando un año antes estaban en menos 252.000.