El Partido Popular sigue con su campaña contra el acuerdo alcanzado entre la Federación Española de Municipios y Provincias y el Gobierno para la entrega de los remanentes de tesorería de las instituciones locales. La formación liderada por Pablo Casado anunció este viernes que presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para protestar por esta “expropiación” del superávit, una medida de presión que también se aplicará en Zamora, según confirmó el presidente de la formación en la provincia, José María Barrios.
El también vicepresidente de la Diputación se ha mostrado duro con esta cuestión a lo largo de los últimos días. De hecho, en su última comparecencia en La Encarnación, Barrios comunicó que la Diputación no se iba a adherir a este plan de carácter voluntario y reclamó que ningún municipio de la provincia lo hiciera.
La afirmación tiene su importancia si se tiene en cuenta que el Partido Popular tiene la Alcaldía de 155 de los 248 ayuntamientos de la provincia. Es decir, casi dos de cada tres dirigentes municipales que, en principio, deberían mostrarse coherentes con la línea marcada por el partido. El PP ha cerrado filas con este asunto y, de hecho, está reclamando que los regidores socialistas que estén en desacuerdo “se levanten contra este atropello”.
Del mismo modo, el Partido Popular ya anunció el martes que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional por "invasión de la autonomía local" tras ese acuerdo impulsado por el Gobierno para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos, que solo contó con el voto a favor del PSOE.
El PP ha criticado duramente que, a pesar de que esa propuesta no contó con apoyo en la FEMP -solo voto a favor el PSOE y salió adelante gracias al voto de calidad de su presidente-, el Consejo de Ministros la aprobara vía real decreto el pasado 4 de agosto, manteniendo "los aspectos más lesivos del acuerdo" rechazado por la mayoría de los miembros que integran la FEMP.
En el texto de la moción que presentará en los ayuntamientos, según adelanta Europa Press, el PP recalca que la propuesta que ha impulsado el Ejecutivo "esconde un chantaje inaceptable" que podría vulnerar los artículos 137 y 142 de la Constitución, que consagran "los principios de autonomía y suficiencia financiera como base de la gestión de las entidades locales".
El PP quiere que los ayuntamientos, diputaciones y cabildos expresen su "profundo rechazo" al procedimiento negociador que el Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido con la FEMP para lograr un acuerdo que diera una "apariencia" de apoyo unánime de las entidades locales al decreto ley aprobado el 4 de agosto. Además, el texto de la moción recoge el apoyo al recurso de inconstitucionalidad que presentará el Grupo Popular en el Congreso.
