La Fiscalía Provincial se mantiene vigilante ante el impacto del COVID-19 en la población más vulnerable, ancianos y discapacitados, para intervenir con suma rapidez si fuera necesario protegerlos, como ha tenido ya que hacer en casos “verdaderamente dramáticos” durante la pandemia, cuando ha sido necesario incapacitar a personas para ordenar su ingreso en una residencia. La labor de este órgano judicial no solo afecta a usuarios de residencias mayores y discapacitados, sino también a aquellos zamoranos que viven solos en sus domicilios y que carecen de familia o de alguien que les asista o les cuide, explica la fiscal jefe de Zamora, María Ángeles Cordero. “Muchos ancianos se han quedado solos y aislados, ha habido que hacer intervenciones en sus casas”, explica Cordero, y la Fiscalía, que se encarga de emitir informes para incapacitar a personas que no pueden ser autónomas, “ha tenido que resolver las peticiones de autorización para internarlos en residencias o para entrar en sus casas y auxiliarles”.

La responsable de la Fiscalía provincial ha querido destacar la gran labor desarrollada por las trabajadoras sociales del Ayuntamiento de Zamora, de la Diputación Provincial, de los centros de salud y de Cruz Roja para asistir a esos ciudadanos. La responsable de este órgano judicial recuerda el caso de un matrimonio sin hijos, él murió y ella, que tenía Alzhéimer, se quedó sola en casa, pero “no estaba discapacitada y se tuvo que intervenir para llevarla a una residencia. Ha habido casos muy duros”.

Cordero recalca que “la situación ha sido tremenda desde el punto de vista emocional y, en algunos momentos, muy difícil. Hemos visto dramas personales, la gente ha sufrido mucho, la mayoría lo ha pasado muy mal”, apostilla. Otro de los casos que le han quedado en la memoria fue la incapacitación de otro zamorano, “un señor mayor que vivía solo”. En ocasiones, la persona que pasa por esta situación firma voluntariamente su ingreso en una residencia o centro especializado, por lo que no es necesario acudir a la incapacitación judicial, pero no siempre es así. La Fiscalía interviene “cuando alguien no tiene sus facultades y hay que suplirlas o porque se opone, se niega. Entonces, hay que actuar por esa persona porque está desprotegida”.