El incremento de la violencia intrafamiliar de hijos a sus padres es especialmente “preocupante” para la Fiscalía de Menores y “alarmante porque se observa a edades cada vez más tempranas”. Muchas de esas agresiones tienen protagonistas de menos de 14 años. De hecho, el año pasado en la mayor parte de los casos, los denunciados no habían cumplido esa edad, por lo que “tuvimos que archivarlos, ya que no son penalmente responsables”, explica la fiscal delegada de Menores, Ángela Pérez González. En concreto, fueron nueve casos, que se remitieron a Protección de Menores de la Junta de Castilla y León. La Fiscalía abrió 14 expedientes en 2019 por violencia intrafamiliar, de los que se archivaron los 9 indicados por tratarse de menores de 14 años; a otros tres se les impuso una medida de convivencia; y otros dos se archivaron al retirarse la denuncia. Tres de los ocho menores con medida de convivencia este año acababan de cumplir los 14 años. Hasta 2018, estos infractores tenían 16 o 17 años. “Es alarmante que cada año baje la edad del infractor, son casos que hay que tratar con mucha cautela, los padres lo intentan todo antes de venir a la Fiscalía a denunciar”, agrega Pérez González, para incidir en que “hay que desestigmatizar nuestra intervención. Los padres muchas veces vienen a preguntar qué puede pasarles a sus hijos y ya no vuelven. Tienen que perder el miedo: la medida educativa ayuda a los niños a integrar una conducta en la que asumen sus obligaciones como hijos, que tienen que aprender a vivir con normas porque en sociedad también las tendrán”.Fue terminar el estado de alarma y dispararse las denuncias de padres a hijos por violencia intrafamiliar, es decir, como víctimas de maltrato físico o psicológico de sus vástagos adolescentes, explica la fiscal delegada de Menores de Zamora, Ángela Pérez González. Una situación que se esperaba durante el confinamiento por el COVID-19, periodo en el que las dos fiscales adscritas a este órgano decidieron turnarse por semanas para realizar el trabajo de forma presencial, convencidas de que habría denuncias. Las únicas incidencias de menor entidad durante esos tres meses de aislamiento estuvieron relacionadas con “la localización por la policía de algún menor que se había escapado de casa, y ya más hacia el final del confinamiento”, apunta la fiscal.

Fue volver a la nueva normalidad y se multiplicaron exponencialmente las denuncias, “seis en un mes”, el doble de las registradas durante el año anterior. La única explicación es que “durante el confinamiento los padres han sobrellevado la situación como han podido. No ha habido denuncias antes porque las familias han tirado como han podido”. Siempre lo hacen antes de recurrir a la Fiscalía de Menores, indica Pérez García, “cuando los padres llegan aquí es porque ya están desbordados y destrozados. A veces, llevan años soportando insultos, amenazas, agresiones de sus hijos o hijas”.

La Fiscalía tiene a nueve adolescentes denunciados por sus padres cumpliendo medidas, cinco de ellos realizando un programa de convivencia educativa, encaminado a reeducar a los niños y niñas que protagonizan episodios de agresividad hacia sus progenitores o maltrato psicológico. El Juzgado de Menores ordenó su ingreso en un centro abierto, alejados de su familia durante un tiempo, en convivencia con otros menores con problemas de conducta similares para participar en un grupo educativo, donde adquieren pautas de comportamiento, siguen rutinas y se les enseña a respetar las normas y asumir que tienen obligaciones legales como hijos. Los otros tres adolescentes a los que se ha abierto un expediente por violencia intrafamiliar están en libertad vigilada o viviendo con un familiar que se hace cargo de ellos, con el asesoramiento de un técnico que se encarga de realizar el seguimiento del menor, le impone horarios y establece pautas, también asisten a cursos para prevenir la violencia intrafamiliar.

Al mismo tiempo, se trabaja también con los padres del menor, tanto cuando se encuentran en libertad vigilada como cuando están en el grupo educativo. Si se percibe que ha habido una evolución, la Fiscalía permite al niño o la niña volver a casa para pasar fines de semana o algún periodo corto. Una vez que el centro en el que se encuentran siguiendo el programa estima que ha cumplido los objetivos del mismo, se les deja en libertad vigilada “para comprobar que han asumido las pautas de reeducación”, explica la fiscal delegada de Menores. La Unidad de Intervención Educativa elabora un programa para desarrollar durante la libertad vigilada y controla si los menores lo cumplen o no, y van informando a la Fiscalía y al Juzgado de Menores.