Los 5.726 autónomos que se acogieron a la prestación extraordinaria del Gobierno central para afrontar el parón de la pandemia del COVID-19 cobraron el último pago de esa ayuda que les ha permitido ingresar 661 euros, además de exonerarles temporalmente de las cotizaciones sociales, explica el diputado nacional del PSOE, Antidio Fagúndez.

Por otro lado, los 10.684 personas que se encontraban en situación de ERTE hasta el mes de junio habían percibido el total de sus prestaciones hasta el 31 de mayo, lo que ha supuesto el abono de 12.113.653 euros a estos trabajadores zamoranos durante los meses de abril y mayo, según los datos facilitados en su día por as oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a través de la Subdelegación del Gobierno. Solo 111 peticiones de ERTE fueron denegadas porque sus solicitantes tenían pluriactividad o pluriempleo, por la denegación del ERTE por la autoridad laboral o por pretender acceder al ERTE con contratos por los que no se cotiza por desempleo.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, cifró ayer en el 72,9% el número de trabajadores que se ha incorporado a su puesto de trabajo hasta el 24 de julio, tras el confinamiento, de acuerdo con los datos oficiales, que fijan el número de asalariados de la comunidad que recibió algún tipo de prestación en 214.996 asalariados y 75.628 autónomos. Todos ellos han recibido alguna prestación social en el último mes. Entre estas cifras destaca que a finales del mes de julio, un total de 35.808 trabajadores estaban afectados por un ERTE en la Comunidad Autónoma, el 3,5% de los afectados por ERTE en toda España, supone 96.399 menos que en el peor momento de la crisis, el 30 de abril, cuando llegaron a ser 132.207. Por lo tanto, el 72,9% de los trabajadores han salido de esta situación, un porcentaje mayor que la media nacional, que se sitúa en el 66,9%. En este sentido, Izquierdo destacó la importancia de esta medida acordada por el Gobierno de España, que ha conseguido mantener ese alto porcentaje de empleo que corría peligro en el momento en que se decretó el estado de alarma, apunta la Subdelegación del Gobierno.

El delegado hizo hincapié en que el esfuerzo económico realizado a este respecto no sólo ha conservado el empleo de todas esas personas, sino que ha supuesto además la supervivencia de muchas empresas que no habrían podido soportar el coste de las indemnizaciones de sus trabajadores en un escenario de despidos.

Según el SEPE, un total de 214.996 trabajadores percibieron algún tipo de prestación social en junio, por un importe total de 162,2 millones de euros, cifra que incluye ERTEs y desempleo. En mayo, 258.991 trabajadores se encontraban amparados por esa cobertura y percibieron 243,8 millones; y en abril 214.980, se beneficiaron de 207 millones.