La PAH de Zamora acaba de denunciar el bloqueo de la Renta Garantizada para familias y personas en riesgo de exclusión social que sufrirán esos ciudadanos “si en el plazo de un mes no solicitan el Ingreso Mínimo Vital (IMV)”, subraya su portavoz, Javier Coco. Tal condición que, afirman les exigen desde los servicios sociales para asegurarse algún tipo de ayuda, además de no ser legal, dejará los bolsillos de muchas familias “a cero”, subraya Coco. La PAH recuerda que la Renta Garantizada, el IMV y las ayudas de urgente necesidad no son en modo alguno incompatibles, tal y como ha dispuesto el Gobierno central, por lo que las administraciones están obligadas a tramitar las solicitudes de todas ellas, sin dar prioridad al IMV como está ocurriendo según los usuarios.

Desde la Plataforma advierten de la “grave problemática que generará a muchas familias” el que se deje de tramitar alguna de las ayudas mencionadas para primar el IMV, ya que esos ciudadanos “quedarán desprotegidos sin esos ingresos”. La organización pide a la Junta de Castilla y León que reconsidere esta postura, máxime cuando se trata de ayudas complementarias y no excluyentes.

El problema se extiende a los servicios sociales del Ayuntamiento de Zamora que, según los usuarios han manifestado a la PAH, “están dejando con cero recursos a las familias, porque no están tramitando las ayudas de urgente necesidad para cubrir los gastos de suministros de agua, luz o calefacción hasta que no terminen con el Ingreso Mínimo Vital, y esto es ilegal”, agrega Coco. De igual modo, la Renta Garantizada tampoco se está tramitando porque los funcionarios están volcados en gestionar las numerosas solicitudes del IMV.La PAH de Zamora registró una petición al Gobierno central para que amplíe con urgencia hasta el 31 de diciembre de 2021 la moratoria para los desahucios de alquileres, para que las personas que no pueden hacer frente al pago de los mismos tras las consecuencias económicas de la pandemia del COVID conserven un techo bajo el que vivir. La Plataforma solicita en el escrito presentado ayer en la Subdelegación del Gobierno que los pisos entregados al banco malo pasen a formar un parque público de vivienda temporal, para dar cobertura a los ciudadanos que no pueden acceder al mercado libre del alquiler por carecer de recursos económicos.

Desde la imprescindible protección a esos cuidadanos vulnerables, la PAH solicita al Gobierno un real decreto urgente “para homologar la protección” de esas personas con precariedad económica, “con independencia del momento y de las causas que hayan provocado” esa situación. Esa normativa debería incluir “la moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional” hasta el 31 de diciembre del próximo año y que contemple “posibles compensaciones a pequeños propietarios” para no perjudicarles.