Los integrantes de la Plataforma de Afectados por Hipotecas (PAH) denuncian el bloqueo al acceso a la Renta Garantizada para familias y personas en riesgo de exclusión social si en el plazo de un mes no solicitan el Ingreso Mínimo Vital (IMV), condición que, al parecer les exigen desde los servicios sociales y que de incumplir les dejará sin ningún tipo de ingreso, apunta el portavoz de la PAH, Javier Coco. "Ante la grave problemática que esta advertencia generará a muchas familias que quedarán desprotegidas", la organización pide a la Junta de Castilla y León que reconsidere esta postura, máxime cuando se trata de ayudas complementarias y no excluyentes.
El problema se extiende a los servicios sociales del Ayuntamiento de Zamora que, según los usuarios han manifestado a la PAH, "están dejando con cero recursos a las familias, porque no están tramitando las ayudas de urgente necesidad para cubrir los gastos de suministros de agua, luz o calefacción hasta que no terminen con el Ingreso Mínimo Vital, y esto es ilegal", agrega Coco. De igual modo, la Renta Garantizada tampoco se está tramitando porque los funcionarios están volcados en gestionar las concesiones del IMV.
La PAH de Zamora resgistró en la Subdelegación del Gobierno central esta mañana una petición urgente para que se amplíe la moratoria para impedir los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2021, dado el desastre económico que la pandemia del COVID ha causado entre las familias con menos ingresos y capacidad para afrontar situaciones de ERTE o de desempleo y poder sufragar los gastos de alquiler. La Plataforma solicita al Ejecutivo central, asimismo, que los pisos entregados a los denominados “fondos buitre” o bando malo se conviertan en un parque público de vivienda temporal, un fondo que permitiría dar cobertura a estos ciudadanos que no pueden acceder al mercado libre del alquiler de inmuebles por carecer de recursos económicos.
La necesaria protección a esos cuidadanos vulnerables lleva a la PAH a exigir un real decreto ley urgente “para homologar la protección” de esos ciudadanos “con independencia del momento y de las causas que las hayan provocado”, a través del que se establezca “una moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional” hasta el 31 de diciembre. La PAH pide que esa normativa incluya “posibles compensaciones a pequeños propietarios” para no perjudicarles.
La PAH de Zamora exige que se amplíe la moratoria para impedir los desahucios hasta el 31 de diciembre de 2021, ante el desastre económico que la pandemia del COVID ha causado entre las familias con menos ingresos y capacidad para afrontar situaciones de ERTE o de desempleo y sufragar los gastos de alquiler. La Plataforma solicita que los pisos entregados a los denominados “fondos buitre” se destinen a estas personas y pasen a formar parte de un parque público de vivienda temporal.
La necesaria protección a esos cuidadanos vulnerables lleva a la PAH a exigir un real decreto ley urgente “para homologar la protección” de esos ciudadanos “con independencia del momento y de las causas que las hayan provocado”, a través del que se establezca “una moratoria de todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional” hasta el 31 de diciembre. La PAH pide que esa normativa incluya “posibles compensaciones a pequeños propietarios” para no perjudicarles.
