El decanato de los juzgados rescata el sistema del teletrabajo desde hoy a pesar de la falsa alarma del positivo al COVID-19 de una funcionaria que se traslada cada día desde Valladolid para trabajar en el Palacio de Justicia de Zamora, contagio que se descartó el fin de semana, tras realizársele el test PCR. Sus compañeras también han dado negativo al virus, según fuentes consultadas por este periódico.

Sin embargo, el protocolo que establece Sanidad impide que las empleadas públicas se reincorporen físicamente a sus puestos de trabajo, ya que establece un periodo obligado de cuarentena a cumplir de 14 días. Solo si se les repitiera la prueba PCR a los 10 días del primer test hecho y el resultado fuera negativo podría darse por terminado el aislamiento.

El servicio común de notificaciones y embargos, situado en el mismo espacio que el decanato, separados por un biombo, también permanece cerrado desde el jueves y sus funcionarios aislados desde que se supo que una compañera había dado positivo en un test para detectar el coronavirus. En este caso, el protocolo será el mismo, si bien los empleados públicos están a la espera de que se les realice alguna prueba, que se descartaría después de conocerse que la trabajadora que alertó de su posible contagio haya dado negativo en el test.

El servicio de notificaciones y embargos permanece también cerrado al público, ya que el aislamiento se dispuso para el conjunto de los funcionarios de ambas oficinas judiciales, quince en total. La reanudación de su actividad correría seguirá el mismo que protocolo que la del decanato, de acuerdo con lo dispuesto por la autoridad competente.

El Ministerio de Sanidad indica en estos casos que “si el resultado de esta PCR es negativo se continuará la cuarentena hasta el día 14. De forma, adicional, y con el objetivo de poder reducir la duración de dicha cuarentena, podría realizarse una PCR transcurridos 10 días del último contacto con el caso, pudiendo suspenderse la cuarentena en caso de resultado negativo”.

El Ministerio de Justicia actuó con gran rapidez el jueves, una vez que la funcionaria manifestó el resultado positivo de su prueba a primera hora de la mañana: pasadas las 17.00 horas una empresa privada procedía a desinfectar la zona en la que se sitúan las dos oficinas, que la decana de los jueces, Isabel Aguado García-Luján había ordenado precintar hacia las 10.00 horas.

CSIF pide más medios

El sindicato CSIF exige la instalación de más mamparas de seguridad para las oficinas de los juzgados, puesto que los funcionarios tienen un trato diario con otras personas, con ciudadanos y con profesionales de la judicatura que, a su vez, atienden a detenidos en dependencias policiales o sus clientes en los despachos. En ese sentido, su representante Juanjo Banciella, subraya la peculiaridad de estos servicios de decanato y común de notificaciones y embargos que en Zamora se han tenido que cerrar para prevenir contagios, en los que “el gran trasiego de personas demuestra lo importante que es garantizar las adecuadas medidas de prevención y protección”. Pero está circunstancia se extiende al resto de oficinas judiciales, que en Zamora apenas tienen medios para blindar a los funcionarios frente a posibles contagios del virus por terceras personas.

Por otro lado, tras el precinto acordado de esas dos oficinas en Zamora, CSIF pide a los profesionales judiciales que usen lo menos posible el decanato y el servicio común de notificaciones y embargos durante el tiempo de cuarentena de los funcionarios de Justicia: que se procure solo los documentos que sean urgentes.