Ninguno de los quince funcionarios que trabajan en el decanato de los juzgados de Zamora y en el servicio común de notificaciones ha dado positivo en el test PCR del COVID-19, ni siquiera la empleada que desencadenó las medidas de prevención al haber dado positivo en una prueba privada que se había hecho a título individual. De modo que, los empleados públicos podrán retomar su actividad laboral en breve y abandonar la medida de aislamiento que se les ordenó hasta tener el resultado de los test de todo el personal que trabaja en ambas oficinas judiciales.

El desprecintado de ambas oficinas, ordenado el jueves por la juez decana de Zamora, Isabel Aguado García-Luján, podría llevarse a cabo mañana mismo para proceder a la apertura de los dos servicios al público cuanto antes de los esperado, posiblemente a lo largo de la jornada laboral de mañana, según fuentes judiciales. Desde el decanato, se había programado ya que una funcionaria pasara a efectuar teletrabajo ante el cierre de todas las instalaciones, pero al asegurarse por los servicios sanitarios de que la plantilla de esas dos oficinas están limpias de COVID lo más probable es que se suspenda la medida.

Todo ha quedado en un susto, según las mismas fuentes, que se felicitan de que los trabajadores estén sanos y de que haya desaparecido el riesgo de contagio a compañeros de los juzgados, Audiencia Provincial y Fiscalía, a ciudadanos, abogados y procuradores, lo que habría obligado a ampliar el rastreo de contagios a un importante número de personas. El mismo jueves, cuando la funcionaria dio aviso de que había dado positivo al coronavirus en un test que ella misma pagó, el decanto ordenó la clausura de los servicios y Gerencia del Ministerio de Justicia contrató la desinfección de las dependencias judiciales.