El presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León, Agustín Sánchez de Vega destacó ayer durante la entrega de la Memoria 2019 al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la labor de apoyo, asesoramiento y control de legalidad de la institución a las administraciones públicas.
El Consejo Consultivo aprobó 622 dictámenes el pasado año, un 12% más que en 2018, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 215 recursos, un 66% más que el año anterior
La Memoria de 2019, que como novedad integra en un único documento la actividad dedicada a la función consultiva y la del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, recoge que el Consejo Consultivo aprobó 622 dictámenes el pasado año, un 12% más que en 2018, que fueron 557, y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales resolvió 215 recursos, un 66% más que el año anterior, que fueron 131.
Casi el 48% de los dictámenes emitidos, concretamente 297, han sido demandados por la administración autonómica, siendo la Consejería de Sanidad la que ha realizado más consultas, 170, seguida de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, con 52, y la Consejería de Educación, con 38.
El 52% (322) de los dictámenes emitidos (622) fueron solicitados por las administraciones locales (diputaciones, ayuntamientos, juntas vecinales y otras entidades locales).
El 78% de los dictámenes aprobados corresponde a asuntos de responsabilidad patrimonial, los más numerosos los relacionados con el ámbito sanitario.
En cuanto al Tribunal, en 2019 se resolvieron 215 recursos. Aproximadamente el 56% de los recursos presentados fueron dirigidos frente a contratos de servicios, siendo el principal acto recurrido el de la adjudicación (42,48%), impugnándose mayoritariamente los contratos de servicios (56,64%), seguidos de los contratos de suministros (34,07%).
La suma de los importes recogidos en los recursos presentados en 2019 alcanzó más de 1.550 millones de euros.
La evolución ascendente en el número de asuntos refleja, en opinión de Sánchez de Vega, que las administraciones ven en el Consultivo una importante garantía jurídica para los procedimientos y los actos administrativos a la vez que los ciudadanos advierten la cercanía y rapidez de los dictámenes de cara a la protección de sus derechos. El Tribunal destaca asimismo por su rapidez y la gratuidad para los recurrentes.
