El decanato y el servicio común de notificaciones de los juzgados de Zamora permanecerán precintados hasta que se confirme que sus quince trabajadores están libres del COVID-19, después de que una de las funcionarias, que se desplaza a diario desde Valladolid, comunicara a primera hora de la mañana de ayer que había dado positivo en una prueba PCR que se hizo por su cuenta al detectar que tenía síntomas compatibles con la dolencia.
La rápida reacción de la decana de los juzgados, Isabel Aguado García-Luján, llevó al precinto casi inmediato del servicio y permitió que los trabajadores que comparten esas dependencias abandonaran el edificio hacia las 10.00 horas para permanecer aislados en sus domicilios hasta que Sanidad les facilite la prueba del PCR para saber si tienen el coronavirus.
Pasadas las 17.00 horas, la empresa contratada por Gerencia del Ministerio de Justicia iniciaba la desinfección de estas dependencias, para lo que el operario se enfundó en una epi antes de entrar al interior del edificio situado en la calle del Riego. El personal de limpieza del Palacio de Justicia y de la Audiencia Provincial tuvo que equiparse de igual manera para poder acceder a esa zona.
Algunos de los funcionarios de ambos organismos judiciales conocían hacia las 16.00 horas de ayer, que las primeras pruebas realizadas por el momento arrojaban un resultado negativo, sin embargo, se desconoce con exactitud cuándo podrá retomarse la actividad normal hasta que los PCR confirmen si existen o no más contagiados. Para impedir que se produzcan atascos en la tramitación y la notificación de disposiciones judiciales, la magistrada ha acordado ya que un funcionario realice teletrabajo. No obstante, se confía en que decanato y oficina de notificaciones y embargos estén a pleno rendimiento en breve. “Todo parece que se ha quedado en un susto”, apuntan fuentes judiciales, “algo con lo que tendremos que aprender a convivir porque habrá muchos casos como este” que se ha dado en los juzgados.
Los funcionarios comenzaron la jornada laboral de ayer entrando en pánico ante la noticia del positivo en COVID de esta compañera que reside en Valladolid, especialmente en la oficina donde trabaja. La delicada situación mantenía alerta al resto del personal de Justicia. Una inquietud que compartían abogados, procuradores y graduados sociales que tienen una relación diaria con estos dos departamentos para recoger y entregar documentación. Este espacio, situado al fondo del pasillo de la planta primera de la calle de El Riego, es el que dispone de mayores medidas de seguridad ante el COVID por estar abierto al público. El Ministerio de Justicia decidió, a petición del decanato, emparedar literalmente el mostrador de atención al ciudadano, cerrado prácticamente hasta el techo con mamparas de metacrilato, con tan solo pequeñas ventanas por las que entregar los documentos que maneja el servicio.La noticia de la funcionaria del decanato de los juzgados que dio positivo en la prueba PCR de COVID-19 no ha dejado indiferente a los abogados y procuradores, quienes mantienen una relación muy estrecha con los quince trabajadores de ese servicio y de notificaciones, ambos separados solo por un biombo. “La prevención” ha llevado al Colegio de Abogados a suspender la primera junta ordinaria semestral que debió celebrarse ya en marzo y que el estado de alarma obligó a dejar para más adelante, “la habíamos fijado para hoy, pero hemos decidido dejarlo”, tras conocer que la funcionaria tenía el virus, explica el decano, Norberto Martín Anero. “No estamos asustados”, declara, “pero hay que tener cuidado porque alguien puede haber estado con ella” y podría haberse infectado. Ayer mismo, el Colegio remitió una comunicación a los abogados para comunicar el aplazamiento de esta reunión que se iba a celebrar en el salón de actos del Consejo Consultivo para guardar la distancia de seguridad. Tampoco se celebrará la tradicional fiesta del Colegio en Benavente como cada 24 de julio.
Por su parte, el decano de los Procuradores, Juan Manuel Gago, indica que se han remitido “instrucciones” al colectivo para comunicar que pueden hacer sus trámites de forma telemática.
