La violación ocurrió en una finca agrícola cercana a Mula, en Murcia, en 2019. El capataz llevó a una jornalera en su coche hasta un lugar apartado y consumó la agresión sexual, con violencia, entre insultos y amenazas. Ella denunció y su agresor pasó seis meses en prisión provisional. Había reconocido los hechos y quedó en libertad a la espera de un juicio que se retrasó tres años, hasta este 2022, y que no se ha celebrado porque las partes, acusación y defensa, han llegado a un acuerdo: dos años de prisión para el violador, indemnización de 6.000 euros y orden de alejamiento de la víctima. El agresor no irá a la cárcel, pero deberá hacer un curso de educación sexual y tiene libertad vigilada durante cinco años. El atasco en los tribunales perjudica a las víctimas, denuncian los propios magistrados y eso, aseguran, aumenta los acuerdos en casos como éste de Murcia y como el que dejó en libertad a dos policías locales de Málaga que agredieron sexualmente a una mujer. “Es injusto que una persona que sufre una agresión sexual, como la mujer de Murcia, tenga que esperar tres años a que se celebre el juicio. Las víctimas prefieren terminar y que no se cuestione su testimonio o se retrase aún más el juicio”, aseguran desde Jueces y Juezas para la Democracia.