El informe de la UE, bajo el nombre de "Implementación del Mercado de las Comunicaciones en la UE" situa a España al mismo nivel que Rumania, Hungria, Grecia y Chipre en cuanto a los problemas regulatorios, y pone como ejemplo el caso de Chipre, cuyas autoridades impidieron el despliegue de redes móviles y fueron llevadas al Tribunal Europeo de Justicia. El informe asegura que los servicios de la Comisión "están investigando" esta situación y que podrían actuar para eliminar dichos obstáculos.
Los operadores de Telefonía Móvil, a través de su patronal Redtel, han reiterado la necesidad de flexibilizar la concesión de licencias para el despliegue de Antenas. Este sector se ha quejado de la imposibilidad de optimizar la cobertura en algunas zonas españolas porque las trabas para desplegar Red (Antenas) son innumerables. El marco regulatorio y normativo de un número muy importante de ayuntamientos es considerado por Redtel como "inaceptable y contrario al lógico desarrollo de la tecnología móvil", cada vez más demandada por los ciudadanos.
Uno de los aspectos más controvertidos de estas normativas es la obligación, promovida por muchos ayuntamientos, de impedir la colocación de estas infraestructuras en las denominadas "zonas sensibles" de los núcleos urbanos, como guarderías, hospitales y centros de Salud. El sector de la Telefonía Móvil siempre ha considerado estas áreas como una "imposición errónea", ya que la ley ya les obliga a que las Antenas cumplan con una exigente normativa en cuanto a niveles de emisión de ondas electromagnéticas.
