El Vaticano ha calificado el proceso de "delicado y articulado" y ha mostrado la intención de todas las partes interesadas en el juicio de "efectuar las pruebas y análisis más escrupulosos".

Las acusaciones tendrán que ser examinadas por el Órgano judicial competente, que podrá disponer, para la definitiva evaluación de los hechos, de pericias técnicas sobre los aparatos informáticos utilizados por el acusado, o eventualmente de formas de cooperación judicial internacional para la evaluación de las pruebas testimoniales procedentes de las autoridades competentes de Santo Domingo.

El exprelado está acusado de varios delitos cometidos tanto durante su estancia en Roma desde agosto de 2013 hasta el momento de su arresto ( el 22 de septiembre de 2014), tanto en el período transcurrido en la República Dominicana, durante los cinco años en que desempeñó el cargo de nuncio apostólico (el 24 de enero de 2008 fue nombrado nuncio en la República Dominicana y delegado apostólico en Puerto Rico, cargos de los que dimitió el 2 de agosto de 2013).

Respecto al periodo transcurrido en Roma, se le imputa un delito de posesión de material pornográfico-pederasta, introducido en la ley n. VIII del 2013 del papa Francisco. Para el período precedente, las acusaciones se basan en el material probatorio transmitido por la Autoridad Judicial de Santo Domingo sobre los abusos sexuales de menores. Por otro lado, el papa ha forzado la dimisión anticipada del arzobispo de la ciudad norteamericana de Saint Paul y Minneapolis, John Clayton Nienstedt, así como de su obispo auxiliar, Lee Anthony Piché. Ambos habrían supuestamente encubierto a un sacerdote que cometió abusos sexuales que abusaba de menores entre 2010 y 2011 y ahora está cumpliendo una condena de cinco años de cárcel. Ambos han dimitido diez días después de que el fiscal del condado de Ramsey, John Choi, imputara a la diócesis por negligencia grave en protección de menores. Francisco ha designado como administrador de la diócesis al obispo coadjutor de Newark, según ha informado el Vaticano. El pontífice constituyó la semana pasada un tribunal, dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que juzgará a los obispos negligentes que encubrieron o no actuaron de manera correcta ante casos de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes o religiosos.