Agentes de la Policía registraron ayer la casa y las oficinas de la familia Ruiz-Mateos en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga al clan por las emisiones de pagarés de distintas empresas del conglomerado Nueva Rumasa, a raíz de la querella interpuesta por más de 300 inversores que depositaron sus ahorros en las firmas del grupo, atraídos por varias campañas de publicidad que prometían altas rentabilidades.

El juez Ruz quiere saber cuál ha sido el destino de ese dinero, pero las cuentas no están nada claras: los Ruiz-Mateos captaron a 4.110 inversores que invirtieron en pagarés de Nueva Rumasa -a través de las 13 emisiones conocidas hasta ahora- más de 337,37 millones de euros, de los que a día de hoy aún faltan por pagar más de 289,11 millones, el 75% de lo captado.

Como parte de esa investigación, agentes de la Policía judicial registraron ayer varias viviendas de la familia en Pozuelo de Alarcón. La petición de entrada y registro de las propiedades de los Ruiz-Mateos la formuló la Fiscalía Anticorrupción, en el marco de sus pesquisas contra el fundador de Nueva Rumasa, su mujer, sus seis hijos varones y un sobrino, imputados por la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa, administración desleal e insolvencia punible, informa «Europa Press».

La Policía judicial registró la vivienda familiar de los Ruiz-Mateos, situada en la calle Alondra, número 2, de Pozuelo de Alarcón. Cuando los agentes llegaron al domicilio, se encontraba en él el patriarca y su mujer, Teresa Rivero. Ambos abandonaron la vivienda minutos después y por separado. A cambio, se personó en ella, conduciendo un BMW de alta gama, la mujer del primogénito de la familia, Zoilo Ruiz-Mateos, quien, según distintas fuentes, se encontraba también en el interior de la vivienda, informó «Efe».

Los agentes de la Policía judicial registraron también el chalé vecino, situado en la calle Ciervo, número 19, que los hijos del fundador de Nueva Rumasa utilizan como oficinas y en el que estaban domiciliadas las principales sociedades del «holding de la abeja».

En el transcurso de la operación, la Policía requirió la presencia de un empleado de mantenimiento de la finca familiar para que abriera unas instalaciones en el jardín de la casa. Los registros se practicaron en el marco de una pieza separada que se halla bajo secreto de sumario. El pasado 16 de enero, el juez prorrogó un mes más el secreto de sumario decretado en la causa abierta contra la familia Ruiz-Mateos por la venta de pagarés de las sociedades de Nueva Rumasa. La Audiencia Nacional también investiga el proceso de venta de la compañía al empresario experto en empresas con dificultades Ángel de Cabo, a través de la sociedad Back in Business, anunciado el pasado 9 de septiembre. Además, a media tarde de ayer, el juez Ruz admitió a trámite la querella que había presentado el ex abogado de la familia, Joaquín Yvancos, en contra de una de las hijas del patriarca.

El martes, José María Ruiz-Mateos compareció ante dos juzgados de Palma de Mallorca que le investigan por estafa en la venta de dos hoteles. De esta forma, Ruiz-Mateos evitó ser detenido, pero el titular de uno de los dos juzgados, el número 9, le prohibió salir de España y le impuso la obligación de presentarse periódicamente ante el tribunal.

Ambas medidas habían sido solicitadas por el fiscal tras la comparecencia de Ruiz-Mateos, que se negó a declarar acogiéndose a su derecho constitucional a no hacerlo. El mismo juez acordó idénticas medidas cautelares para sus seis hijos varones después de que declarasen el pasado 12 de enero.

A su salida del juzgado palmesano, Ruiz-Mateos declaró a los periodistas: «La Justicia es de vergüenza, pero sabe lo que les digo a los jueces: ¡que me los paso por los cojones!».

Antes de regresar a Madrid, el empresario aseguró que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho y que volvería a hacer lo mismo: «trabajar por los demás» y para la clase obrera.