La DO Toro reclama una transición energética "ordenada y compatible con el territorio" ante la proliferación de grandes proyectos de biogás

La Denominación de Origen Toro y el sector vitivinícola exigen una transición energética ordenada y compatible con el territorio frente a la amenaza que, advierten, "supone la concentración de proyectos industriales de gran capacidad destinados a la gestión de residuos orgánicos y a la producción de biogás, tanto para el sector agroalimentario como para el desarrollo turístico". E

El salón de Plenos del Consejo Regulador acogió la lectura de un manifiesto que fue presentado por el presidente de la DO Toro, Felipe Nalda, y por la vocal del Consejo Regulador, Paloma San Ildefonso. Acompañados por Wenceslao Gil, propietario de Bodegas Gil Luna, y Beatriz Fernández, propietaria de Bodega Liberalia, ambos también vocales del Consejo Regulador, así como por Crescencio Alonso, en representación del colectivo de viticultores.

Durante el acto, el Consejo Regulador también expresó su preocupación por la proliferación de otros proyectos de gran impacto en el territorio, entre ellos la implantación de extensas plantas fotovoltaicas, la instalación de parques eólicos y la creación de macrogranjas de cría intensiva de ganado porcino, al considerar que este tipo de proyectos también afectan al paisaje, el viñedo y el desarrollo de la comarca.

No se opone a las energías renovables ni a la valorización responsable de los residuos, pero cuestionan el tamaño y la ubicación de los proyectos, la falta de planificación territorial y la ausencia de una evaluación independiente de sus impactos acumulativos "sobre una comarca vitivinícola construida a lo largo de generaciones". Es, en definitiva, "un manifiesto a favor de la ordenación responsable del territorio y de la compatibilidad real entre usos productivos".

Solicitan medidas a la Junta de Castilla y León, a los grupos parlamentarios de las Cortes, al Gobierno de España, a la Confederación Hidrográfica del Duero, a las Diputaciones Provinciales de Zamora y Valladolid, a los ayuntamientos y al resto de administraciones competentes. También piden elaborar una planificación territorial previa y vinculante que determine dónde pueden ubicarse estos proyectos, realizar una evaluación estratégica conjunta de todos los existentes y previstos, analizando sus efectos ambientales, económicos y sociales acumulativos, así como aplazar la aprobación de nuevos proyectos mientras no exista dicha planificación.

Otra de sus exigencias es la ejecución de un balance provincial de purines, estiércoles y digestatos, donde los promotores acrediten con datos verificables la disponibilidad real de residuos, así como la disponibilidad de parcelas receptoras del digestato. "Las administraciones deberán demostrar que no coinciden con las comprometidas por otros proyectos, evitando la doble contabilización", señalan.

Por último, consideran necesario reconocer una protección especial para las denominaciones de origen y rutas del vino, evaluar si las plantas pueden incentivar la creación de nuevas explotaciones ganaderas intensivas y garantizar la participación efectiva del Consejo Regulador y de las entidades representativas en todos los procedimientos administrativos relacionados con estos proyectos.

“En el término municipal de Toro se tramita una planta con capacidad para gestionar cerca de 300.000 toneladas anuales de residuos, entre ellas aproximadamente 120.000 toneladas de purines y 89.000 toneladas de estiércoles bovinos y ovinos. A unos 4,5 kilómetros y de forma colindante con el municipio de Toro, se proyecta otra instalación de aproximadamente 198.000 toneladas anuales, con unas entradas previstas de 92.000 toneladas de purín porcino y 45.000 toneladas de estiércol vacuno”, añade San Ildefonso durante la lectura del manifiesto.

La DO también expresó su preocupación porque “el riesgo de estos proyectos no radica únicamente en cada instalación por separado, sino en el efecto acumulativo de todas ellas sobre el territorio. La suma de autorizaciones individuales, sin evaluar el conjunto, está configurando un gran ámbito de gestión de residuos y producción energética. Sin embargo, no existe una planificación pública que determine cuántas instalaciones puede soportar el territorio, qué capacidades son compatibles con sus recursos, de dónde procederán los residuos ni dónde terminarán los nutrientes contenidos en los digestatos”.

Según el inventario documental que sustenta este manifiesto, al menos para Zamora, once proyectos de gran capacidad y elevado impacto potencial han alcanzado ya el trámite de información pública o fases posteriores en la provincia, y más de doce en provincia de Valladolid, algunos de ellos autorizados o con pronunciamientos ambientales favorables. Además, responsables de la Junta de Castilla y León han situado en torno a cuarenta el número de iniciativas presentadas, conocidas o previstas para Zamora, aunque no todas hayan alcanzado todavía el trámite de información pública.