UPA pide una autorización excepcional para luchar contra la cercospora en la remolacha

UPA Castilla y León ha trasladado a la Junta de Castilla y León su preocupación por “el riesgo tan elevado” para la producción remolachera en Castilla y León “si no se autoriza de forma excepcional, como en el 2025”, el uso de Univoq, que señalan que se trata del “único producto con las materias activas adecuadas para atajar la enfermedad de la cercospora”.

La organización agraria afirma que la cercospora es la “enfermedad más peligrosa” para la remolacha, cuya plaga, subrayan, “supone la devastación del cultivo entero”. En este sentido, UPA asevera que el Univoq se trata de “la única herramienta útil” debido a la “evidencia constatada de que otros fungicidas pueden ser inútiles, habiendo muestras de que hay cepas resistentes a los mismos". Además, señalan que este producto ha demostrado “su eficacia como herramienta de sanidad vegetal”.

Por estas razones, han pedido a la Junta que inste al Ministerio de Agricultura a que en la campaña de 2026 se permita excepcionalmente el uso de esta herramienta para permitir “la sostenibilidad y el mantenimiento" de la remolacha en Castilla y León, que destacan que se trata de "una de las regiones más importantes" en la producción de este cultivo.

En este sentido, piden a la Consejería de Agricultura que Castilla y León que "encabece la petición para que nuestro país, como han hecho otros, solicite a las autoridades europeas el uso de emergencia" de este producto. De este modo, afirman que "tendremos campos de remolacha sanos en nuestra región, cosechas con buenas perspectivas y una gestión más sostenible frente a las resistencias".

La organización critica que “se pongan cortapisas a lo que dice la ciencia, en cuanto a seguridad en el uso de la tecnología e innovación agrícola en materia de herramientas de sanidad vegetal para la protección de cultivos" ante enfermedades que, según indican, "cada vez son más severas y resistentes”.

Asimismo, señalan que ha aumentado el número de plagas a las que se enfrentan sus cultivos y que se presentan “menos soluciones disponibles de sanidad vegetal y de herramientas fitosanitarias testadas que garanticen los protocolos sanitarios y la seguridad alimentaria”.