La siembra de remolacha en Zamora, en el aire por los bajos precios que ofrece la industria

La Alianza UPA-COAG ha reclamado este martes a la Junta de Castilla y León que no se penalice a los agricultores sujetos a contrato agroambiental a sembrar remolacha en la campaña 2026/2027 ante los bajos precios que han ofrecido las industrias y que hacen inviable la producción del cultivo.

La organización agraria ha recordado que el contrato agroambiental plurianual de remolacha, conocido en Castilla y León como el de "cultivos agroindustriales sostenibles", obliga por ley a los productores que se acogen a este modelo de acuerdo comercial a la siembra de remolacha durante cinco años. Sin embargo, las circunstancias excepcionales marcadas por los bajos precios del azúcar a nivel mundial provocan que su siembra en esta campaña sea "ruinosa" para los remolacheros.

Por este motivo, tal y como ya se autorizó el pasado a instancias de la Alianza UPA-COAG, la Junta "debe consentir para esta campaña que la ausencia de siembra de cultivo de remolacha azucarera no sea motivo de resolución del contrato pertinente”.

De este modo, los remolacheros no se verían obligados a cumplir los compromisos que se recogen en dicho contrato, y, por lo tanto, que "la no siembra en las campañas pendientes del contrato no acarree incumplimiento alguno para el agricultor".

La organización agraria también ha recodado que la Ley no permite que los agricultores perciban un precio por parte del comprador por debajo del coste de producción, norma que las industrias azucareras "estarían incumpliendo" ante las ofertas realizadas a los cultivadores.

La Alianza UPA-COAG ha solicitado a la Junta que "demuestre sensibilidad" y que, ante unos precios que pueden "dar al traste" las economías de las explotaciones familiares, no obligue a los cultivadores a cumplir con el requisito de siembra del contrato agroambiental, solicitud que plantea con "carácter de urgencia" para que se busque una solución en unas fechas en las que, en breve, los agricultores tendrán que decidir si cultivan o no remolacha.

Además, a juicio de la organización agraria, la Junta debería ser flexible con los remolacheros y "aplicar mano dura" contra empresas como Azucarera, porque "percibe subvenciones públicas de la administración regional", pero deja "desamparados" a los agricultores.

Por este motivo, para la Alianza UPA-COAG, sería "incomprensible" que a los productores se les exija compromiso de permanencia y el cumplimiento de los requisitos, pero "no se reclame lo mismo a la industria", en alusión a Azucarera, "que históricamente ha aprovechado la tesitura de precios no solo para bajárselos a los agricultores, sino también para cesar las molturaciones en algunos centros de la región".