El Ayuntamiento de Toro aprueba un presupuesto "equilibrado" para 2026

La aprobación del presupuesto municipal para 2026 ha salido adelante este martes con los votos a favor de los siete ediles del Equipo de Gobierno —ya que José Lorenzo Sevillano se ausentó por causas personales—.

La concejala de Economía y alcaldesa, Ángeles Medina, presentó en sesión plenaria los presupuestos para el próximo ejercicio, que ascienden a 10.492,247, 60 euros tanto en gastos como en ingresos. Por ello, Medina defendió que se trata de un prespupuesto "equilibrado" y "acorde a la situación real del Ayuntamiento, ajustando los ingresos a las cantidades efectivamente recaudadas, y teniendo en cuenta la última cuenta general aprobada".

Medina defendió que "cumple" con los principios de estabilidad presupuestaria y de prudencia, y tiene el objetivo de "mejorar las condiciones de vida y economía de la ciudad para prepararla para acontecimientos que se prevén".

En el capítulo de ingresos, remarcó que no se pretende ninguna subida de impuestos.

"Los créditos presupuestarios para gastos son suficientes para atender a las obligaciones municipales", aseguró la edil de Economía.

Ángeles Medina explicó que la partida de transferencias corrientes asciende a 581.080 euros y es la que más se ha incrementado porque "pretende ayudar a todas las asociaciones" mediante las subvenciones nominativas, y se incluyen dos nuevas entre ellas.

Medina también destacó que el capítulo de inversiones asciende a 1.930.000 euros, financiados al 100% con fondos propios municipales y "continúa con lo iniciado" en el ejercicio 2025. Entre las inversiones, destacó la pavimentación de vías públicas, el incremento de las partidas en caminos rurales, la mejora de Santa Marina, la de los vestuarios e iluminación del campo de fútbol "V Centenario", del teatro Fundos-Latorre o la rehabilitación del antiguo cine Imperio.

"La deuda viva por los préstamos concertados es de 12,38%, lejos del 110% que marca la Ley", concluyó.

El portavoz del Grupo Popular, Rafael González, criticó que "los gastos corrientes se incrementan en un 6% y las inversiones se reducen en un 65%", y aseveró que "hay que ajustarse el cinturón en aproximadamente un millón de euros".

Además, afeó que se van a vender casi 500.000 euros en fincas rústicas, "eso es descapitalizar un Ayuntamiento y esa cantidad ni siquiera la vinculan a una inversión", dijo.

La edil de Zamora Sí, María de la Calle, criticó que los presupuestos no sean consensuados y también dijo que la venta de fincas rústicas previstas supone "descapitalizar" el patrimonio del Ayuntamiento y "no es lo mismo vender un pinar que una finca en un polígono".

También afeó que se asuman los gastos de mantenimiento de la piscina climatizada o el Seminario porque "cuando finalice el convenio, habríamos comprado un edificio". Y criticó que se presupuesten casi 600.000 euros "sólo en fiestas principales, sin tener en cuenta otras" y 105.000 entre gastos diversos de protocolo y diversos generales, "que nadie sabemos dónde va". Además, expresó que las subvenciones a asociaciones "no son proporcionales" y "se dan sin tener en cuenta ningún criterio".

Primer paso para rebaja el nivel de protección del edificio Carnicerías

El Pleno también aprobó la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y, en concreto, la ficha del catálogo de inmuebles protegidos, con el objetivo de rebajar el nivel de protección de estructural a ambiental del edificio de las Carnicerías, lo que permitirá la demolición o desmontado de las partes "inestables" para evitar el "riesgo de colapso y el peligro" que supone.

La concejala de Urbanismo, Ruth Martín, explicó que esta rebaja permitirá conservar elementos históricos o rehacer los canes de madera del alero y aumentar la altura del edificio; y se propone abrir un soportal en la zona norte para "dar amplitud" al entronque de La Glorieta con la calle Zapateros, "manteniendo el frente continuo con el resto de los inmuebles de la plaza".

María de la Calle indicó estar de acuerdo con la rebaja de la protección, pero propuso dejar el expediente sobre la mesa ya que, tras consultar con técnicos, ha visto que la ficha "tiene deficiencias que sería conveniente corregir" para evitar "problemas futuros". Su propuesta no salió adelante y la edil justificó su voto en contra de este punto aduciendo que "lo más conveniente" sería que en todas las fachadas sin excepción se pemita la ampliación del número de huecos, sin exceptuar las que abren a la Plaza Mayor, como se recoge en la propuesta, e incluir la coletilla "salvo que se descubran otros vanos originales que puedan restablecerse", y defendió también que debería recuperarse el soportal "todo alrededor", además de añadir a la ficha que "se harán los pilares faltantes".

El Grupo Popular votó a favor de la rebaja de la protección del inmueble, pero su portavoz, Rafael González, criticó que hay "un retraso injustificado" porque "han tardado cerca de 14 meses en traer este asunto al Pleno" tras la moción de censura que los desbancó del gobierno municipal, cuando, según expresó, el PP tenía en marcha la posibilidad de rebajar la protección del inmueble, con un informe favorable de Patrimonio. "Creemos que es de justicia rebajar el nivel de protección", dijo González.

Modificado el PGOU para limitar las plantas de biogás

Por otror lado, se aprobó la modificación puntual del PGOU para la regulación de plantas para la generación de biogás, que salió adelante con los votos a favor del Equipo de Gobierno y de la edil de Zamora Sí, María de la Calle.

El concejal de Medio Ambiente, Javier Gómez Valdespina, expuso las medidas contenidas en esta modifiación, que se habían hecho públicas hace 48 horas, y que responden al acuerdo de Pleno alcanzado por unanimidad en octubre y tienen el fin de evitar la instalación de macroplantas en el término municipal.

"No podemos prohibir su implantación, pero sí regular en qué condiciones lo pueden hacer" y recordó que es la Junta de Castilla y León la que autoriza estas instalaciones.

El portavoz del PP, Rafael González, justificó el voto en contra de su Grupo "porque se pretende regularizar la implantación de este tipo y queremos una norma que prohíba expresamente la implantación" ya que, según dijo, hay jurisprudencia sobre la negativa de vecinos a instalaciones de tipo fotovoltaico.

Por su parte, María de la Calle hizo hincapié en que "tenemos que hacer entre todos una comarca fuerte para evitar estas instalaciones" e invitó a "trabajar con más tiempo en una nueva ordenanza" que regule diversos aspectos para el asentamiento de estas macroindustrias.

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