Medio centenar de toresanos aspiran a una vivienda social

Alrededor de medio centenar de vecinos de Toro han formalizado su inscripción en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Pública de Castilla y León.

Así lo ha confirmado la alcaldesa, Ángeles Medina, quien aclaró que el Ayuntamiento no ha sido excluido del Programa de Vivienda Pública en el medio rural, ya que solicitó una prórroga de dos meses que ha sido concedida para que los vecinos interesados se inscribieran como demandantes dentro de un plazo que finalizó en el día de ayer.

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Por este motivo, en un primer balance de las solicitudes aceptadas y presentado recientemente por el presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, y el consejero delegado de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl), José Manuel Jiménez Blázquez, no se incluyó al de Toro entre los Ayuntamientos admitidos.

Toro se adhiere al protocolo para la promoción de vivienda pública

Recalcó Medina que el Ayuntamiento solicitó la prórroga de dos meses a instancias del consejero delegado de Somacyl y de María Pardo Álvarez, directora General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta, prórroga que "ha sido autorizada" para que los vecinos interesados pudieran inscribirse como demandantes de una vivienda pública.

Por otra parte, precisó que el reparto final de las viviendas se realizará "por concurrencia", por lo que será necesario esperar a la valoración de cada una de las solicitudes que sean aceptadas.

La alcaldesa también se refirió a la disponibilidad de terrenos en la ciudad para construir viviendas sociales y aseguró que se están valorando distintas opciones aunque deben ser parcelas "urbanizables". En este punto, recordó que para el equipo de Gobierno es una prioridad "repoblar el casco histórico" de la ciudad, aunque no dispone de terrenos para edificar.

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Por este motivo, el Gobierno local, a través del arquitecto municipal, está valorando la idoneidad de terrenos ofrecidos al Ayuntamiento por propietarios de parcelas dentro del casco antiguo. Una vez completado el trabajo de valoración iniciado por el arquitecto municipal, el equipo de Gobierno realizará la propuesta formal de los terrenos que pondrá a disposición de la Junta y la Diputación para la edificación de viviendas públicas.

De otro lado, Medina aclaró que el Programa de Vivienda Pública en el medio rural "es estatal" y, por tanto, lo promueve el Gobierno, aunque será sufragado con fondos europeos. No obstante, la competencia en materia de vivienda corresponde a la Junta, por lo que será la administración encargada de distribuir los recursos económicos a través de las Diputaciones.

El Ayuntamiento decidió adherirse al protocolo elaborado por la Junta y la Diputación para la promoción de vivienda pública en venta y, para sondear a los potenciales demandantes y conformar una lista, los interesados debían formalizar su inscripción en la oficina de Obras y Urbanismo.