Un contrato-tipo regirá la compraventa de uvas en la DO Toro

El Ministerio de Agricultura ratifica el documento que se aplicará en la vendimia, por el que las bodegas deben pagar el fruto en un plazo no superior a 30 días

Viticultores recolectan uva en una campaña de vendimia anterior | M. J. C.

Viticultores recolectan uva en una campaña de vendimia anterior | M. J. C.

Un contrato tipo homologado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación regirá la compraventa de uva con destino a su transformación en vino durante las tres próximas campañas. La Organización Interprofesional del Vino solicitó la homologación del contrato, que ha sido ratificada por el Ministerio y que tendrá un periodo de vigencia que se prolongará desde el 1 de agosto de 2024 hasta el 31 de julio de 2027, por lo que se aplicará ya en la nueva campaña de vendimia en zonas de producción como la Denominación de Origen Toro.

La organización agraria Asaja ha recordado a los viticultores que, para que se cumpla el contrato es preciso que, una vez entregada la mercancía, la bodega emita la factura en un plazo máximo de 15 días y que en uno no superior a 30 días pague lo estipulado en el documento.

Para Asaja, estas exigencias son fundamentales, aunque "no siempre su cumplen", lo que provoca que "muchos viticultores sufran importantes demoras en los pagos y en la facturación" tras la entrega de las uvas. No obstante, confía en que el nuevo contrato tipo acordado, propuesto por el propio sector y validado posteriormente por el Ministerio, revierta el problema.

Por otra parte, la organización agraria recordó que la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a que todas las entregas de uva y de cualquier producto estén amparadas por un contrato que recoja el compromiso de compraventa entre bodega y viticultor, en el que las partes acuerden un precio en función de criterios como volumen o calidad.

No obstante, la organización agraria recordó que, aunque se pacte libremente un precio por las uvas entregadas, la ley prohíbe la venta a pérdidas para garantizar que siempre se cubran los costes de producción.

Por último, Asaja remarcó la importancia de que tanto el Gobierno como la Junta, dentro de sus competencias, ejerzan una labor inspectora para garantizar el cumplimiento de la normativa para, en este caso, velar por los intereses de los viticultores.

De cara a la nueva campaña vitivinícola la Interprofesional del Vino de España espera que los operadores utilicen dichos contratos que favorecen la transparencia en las operaciones y, por lo tanto, mejoran el funcionamiento y la estabilidad de la cadena de valor vitivinícola.

Los contratos-tipo ya homologados por el Ministerio han entrado en vigor el 1 de agosto, coincidiendo con el inicio de la campaña vitivinícola, al igual que la nueva extensión de norma de la Interprofesional del Vino de España, que sienta las bases del trabajo de organización para los próximos cinco temporadas.

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