Los precios de la uva ponen en riesgo la rentabilidad de los viticultores de Toro

La Denominación de Origen Toro no es ajena a la tendencia generalizada de la reducción del precio de la uva en la presente campaña de vendimia, aunque la Ley de la Cadena Alimentaria obliga a los viticultores y a las bodegas a firmar un contrato de compraventa previo a la entrega de fruto que, en ningún caso, debe reflejar un coste inferior al de producción del fruto.

A la reciente denuncia pública realizada por la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) se ha sumado la organización Asaja. Su presidente provincial, Antonio Medina, ha recordado que, como en pasadas campañas de vendimia, los precios fijados por una de las bodegas de mayor capacidad de la zona "marcan la tendencia" que siguen otras industrias.

En este sentido, precisó que la citada bodega ha marcado una reducción cercana al 25% del precio respecto a la pasada vendimia, de tal manera que por la blanca y por la variedad tinta garnacha abonará 20 céntimos de euro por kilo, que en "ningún caso cubre los costes de producción".

Amenazas en Toro por el precio de la uva

En cuanto a la uva autóctona tinta de Toro, según Medina, la citada bodega ha fijado un precio por "tramos" en función de la graduación o de la antigüedad del viñedo, aunque el máximo que abonará es de 43 céntimos de euro.

Ante este panorama, el presidente provincial de Asaja subrayó que el coste de producción de uva por kilo ronda los 40 céntimos de euro, por lo que augura pérdidas para los viticultores. Ante esta situación, para Medina, la Junta debería poner en marcha un "observatorio de precios" para evitar que se fijen precios inferiores al coste de producción y garantizar la rentabilidad para los viticultores.

Compromiso

Por su parte el sindicato agrario COAG ha solicitado a las bodegas de las diferentes zonas vitivinícolas de la provincia un "serio compromiso" con el sector productor y que establezcan unos precios para la uva "lo suficientemente remunerativos" como para garantizar la rentabilidad y la continuidad de las explotaciones en las que el viñedo supone una parte importante de su actividad.

Del mismo modo, incidió en que la Ley de la Cadena Alimentaria establece que el precio debe ser superior al total de costes asumidos por los viticultores o los efectivos de producción y recordó que estudios de la Universidad de Valladolid realizados en la pasada campaña determinaron que el coste mínimo de la vid para vinificación supera los 4.000 euros por hectárea.

La DO mantiene los límites de producción de uva en la nueva campaña de vendimia

Por su parte, el presidente del Consejo Regulador, Felipe Nalda, recordó que la Ley de la Cadena Alimentaria establece la prohibición de "la venta a pérdidas", una mayor transparencia en la contratación y la obligatoriedad de las relaciones contractuales, lo que obliga a las bodegas a presentar los acuerdos con los viticultores en el Registro de Contratos Alimentarios del Ministerio de Agricultura. Precisó Nalda que uno de los objetivos prioritarios de la Ley de la Cadena Alimentaria es "poner en valor el producto primario" y advirtió de que, a nivel nacional, se intensificarán las inspecciones para comprobar su correcto cumplimiento.

Sobre los contratos de compraventa de uva con destino a vinificación, el presidente del Consejo Regulador matizó que el pago acordado entre la bodega y el viticultor se realizará en dos plazos. El primero se abonará como máximo a los 30 días desde la entrada de la uva en la bodega, y la "liquidación final" será efectiva una vez calificada y validada la cosecha que, "por norma general", se suele realizar en enero.

No obstante, resaltó que los contratos de compraventa "nunca" deben reflejar un precio inferior a los costes de producción, requisito que, como advirtió, "se va a vigilar" con más inspecciones.

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