El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Toro ha presentado alegaciones a la modificación puntual del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico-Artístico de Toro porque consideran que el alcalde pretende “legalizar la construcción del exportavoz socialista”, Lorenzo Rodríguez Linares, eliminando espacios libres de uso público y transformándolos en suelo edificable. El Grupo Popular ha acusado al regidor de “convertir el Ayuntamiento de Toro en su corralito particular, utilizando la institución local en beneficio de sus amigos”.

El portavoz Popular en el Ayuntamiento de Toro, Alejandro González, ha acusado al alcalde de intentar aprobar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y del PEPCHAT que "esconde una entrega gratuita" de 353 metros cuadrados al exportavoz socialista y un aumento en la edificabilidad de 107 metros, “es el peaje político que debe pagar el señor del Bien para su arreglo con el PSOE y volver a encabezar la lista electoral socialista”.

Los concejales populares consideran que la modificación del PEPCHAT que pretende aprobar Tomás del bien, “es un fraude en la ejecución de una sentencia y una manifiesta desviación de poder para beneficiar al señor Linares”.

Una modificación de la ordenación y de los sistemas generales en esta parcela del Canto, “que ni la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso de Zamora de 2013 y ni la del TSJ de 2014 declararon ajustado a derecho, sentencias que califican la licencia de la edificación del señor Linares como nula de pleno derecho por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido para su concesión”.

A su vez, señalan los concejales del PP, se obvian las prescripciones marcadas por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León de 5 de junio de 2012, en estos informes vinculantes se impone como prescripción la limitación como fondo edificable en esta zona del Canto de 33,5 metros, para alinearse con la trasera de la parcela de la Virgen del Canto y así disminuir la afección sobre el entorno del convento del Sancti Spiritus y reducir el impacto sobre el perfil del Conjunto Histórico y la cornisa a las barranqueras de la Vega de Toro.

CONCEJALES DEL PP EN TORO MARIA JESUS CACHAZO

La sentencia del TSJ de Castilla y León del año 2015 lo que reconoce es que los terrenos que deben ser cedidos al Ayuntamiento (libres de uso público), deben cederse al Ayuntamiento utilizando mecanismos distintos a la cesión gratuita, “pero en ningún caso modifica la planificación urbanística existente en el PGOU, que es plenamente vigente, ni los usos establecidos del suelo en esa zona del Canto”, puntualizan desde el Grupo Popular, que además recuerda que las infracciones urbanísticas que afectan a espacios libres de uso público no prescriben.

Los ediles populares consideran que la modificación que pretende aprobar Tomás del Bien “incumple la Ley de Urbanismo de Castilla y León y el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León, pues va en contra de la protección del Conjunto Histórico de Toro y de la propia protección paisajística que el Ayuntamiento está obligado a observar en su actuación urbanística”.

"Ciudadanos de primera y de segunda"

Alejandro González considera que esta modificación "se aparta absolutamente de los parámetros que deben regir toda ordenación urbanística, anteponiendo intereses particulares a los intereses generales de Toro, eliminando áreas estanciales contenidas en el PGOU y reduciéndolas a los escasos 5 metros del paseo de borde", es decir el Ayuntamiento de Toro renuncia a la construcción de un paseo junto a las barranqueras y únicamente se deja un sendero. "Una zona de interés general y que es de todos los toresanos, pasaría a ser, sin ninguna razón ni motivación de interés público, de un particular, y se modifica el índice de edificabilidad única y exclusivamente para una parcela en concreto", apostilla el líder de los populares en Toro.

El Partido Popular acusa al alcalde de "sectario" por "establecer una división entre ciudadanos de primera y segunda". Por un lado Linares, "que comete una infracción urbanística y su partido intenta darle cobertura legal ejecutando fraudulentamente una sentencia". Y por otro lado el resto de vecinos de Toro," que deben cumplir escrupulosamente la normativa urbanística cuando se hacen una casa o una nave industrial", concluye el portavoz de PP.

21.175 euros de coste para los toresanos

Si esto por sí sólo no es lo suficientemente grave, el grupo popular informa que "esta cacicada nos va a costar a los toresanos 21.175 euros", al contratar como arquitectos para que informen esta modificación, a la misma empresa que contrato Linares en el procedimiento cuyo fallo ahora se pretende cumplir, pese a contar el Ayuntamiento con un arquitecto municipal.